Estado

La ciencia política define el estado como el cuerpo político de una nación, es decir, el conjunto que conforma el entramado organizativo sobre el cual se sustenta la estructura de poder que en dicha nación se constituye. Ese poder es ejercido sobre el conjunto de los individuos y estamentos que conforman la sociedad asentada en un determinado territorio.

Elementos constitutivos del estado

Aunque la noción de estado puede enfocarse desde las más diversas perspectivas (política, social, histórica, geográfica, económica, jurídica, etc.), existen una serie de elementos esenciales que son inherentes a su propia definición.

Entre los principales componentes se encuentran el territorio, el pueblo y el poder. El primero de ellos es una noción espacial referida a la extensión que lo conforma y que queda separada de otros estados por unas fronteras bien delimitadas.

Por su parte, el pueblo es el conjunto de personas que habitan en el territorio y que se caracterizan por componer una comunidad, generalmente unida por una serie de vínculos de tipo cultural e histórico, que derivan en la génesis del concepto de nación, el cual, aunque no de manera absoluta, es bastante asimilable al de pueblo de un estado. El pueblo se caracteriza, además, por un conjunto de peculiaridades propias que constituyen la nacionalidad de dicho estado.

Por cuanto respecta al poder, se suele calificar como la capacidad que la infraestructura institucional del estado tiene para ejercer la autoridad emanada de las decisiones del gobierno, que deben ser acatadas y cumplidas por la ciudadanía.

En estrecha correlación con la noción de poder del estado se sitúan las de soberanía y jerarquía. La primera de ellas es el principio jurídico en razón del cual se reconoce al pueblo de un estado, a la nación, su derecho a adoptar de manera libre todas aquellas decisiones que considere más oportunas, tanto en lo que se refiere a su regulación política e interna como a sus interrelaciones con otros estados. En consecuencia, el poder soberano, otro de los elementos tipificadores de la noción de estado, es el que se halla en condiciones de adoptar sus decisiones con independencia y sin influencia de otros poderes o de otros estados.

Desde el punto de vista jurídico, el poder del estado queda legitimado por el derecho, que determina y delimita el marco legal en el que éste actúa. De ahí que los códigos de leyes, sean estos de tipo consuetudinario, como los vigentes en los países del mundo anglosajón, o de tipo constitucional, definan lo que se conoce como estado de derecho. Es éste el estado basado en principios democráticos y en el que las leyes, aprobadas por los organismos legislativos y representantes elegidos libremente por los ciudadanos, se sitúan en un rango por encima tanto de la ciudadanía como de las instituciones estatales.

Por su parte, el concepto de jerarquía se asocia a la creación de una estructura política y administrativa que conforma lo que se conoce como aparato del estado y que define la generación del amplio cuerpo organizativo necesario para el adecuado funcionamiento de los más diversos aspectos de la gestión estatal, es decir, de su entramado burocrático.

A este respecto conviene puntualizar que la jerarquía y su consecuencia, la burocracia, resultan elementos esenciales del estado, aunque, en el lenguaje coloquial, el término “burocrático” se trate con tono peyorativo, en referencia a los muchas veces prolijos y proverbialmente lentos trámites que requieren las gestiones en las administraciones, sean éstas estatales, regionales o locales.

Junto con la administración, el aparato del estado queda configurado también por las fuerzas armadas y la organización de las finanzas públicas, es decir, la hacienda. Si a la administración le competen la gestión y la garantía del funcionamiento de los ministerios, gobiernos territoriales y locales, fuerzas de seguridad, seguridad social y demás estamentos de esta naturaleza, las fuerza armadas se ocupan de la defensa del estado. Por su parte, la hacienda tiene como ámbito de actividad la recaudación de recursos económicos para la administración del estado a través de los impuestos y la asignación de gastos a las distintas partidas presupuestarias.

Modelos de estado

En todos los estados existen divisiones administrativas y políticas de rango menor, sean éstas provincias, regiones, departamentos, comunidades, etc. El gobierno de esas circunscripciones se rige muchas veces en virtud de competencias similares a las del gobierno general del estado, aunque mantienen una relación de subordinación con respecto a dicho estado, en tanto que no detentan la soberanía nacional. En función de cuáles sean las competencias que el estado cede a dichas divisiones y el nivel de autonomía del cual gocen, se diferencian diversos modelos de estado que, en términos generales, pueden reducirse a variables sobre dos categorías principales. Tales son el estado unitario y el estado federal, junto a los cuales se distingue otro menos frecuente, el estado confederado.

El estado unitario se caracteriza por la existencia de un fuerte poder central que ejerce un estricto control sobre las administraciones locales, que disfrutan de un margen de autonomía proporcionalmente escaso en correlación con las directrices del gobierno del estado. El prototipo de organización estatal de base centralizada que con más frecuencia suele citarse es el vigente en Francia.

Se da la circunstancia de que hay algunos estados no federales en los que las divisiones administrativas de orden sectorial presentan niveles de autogobierno equiparables o próximos a los que se registran en estados de modelo federal. Tal sería el caso de España, en el que las comunidades autónomas disponen de amplias competencias de gobierno en numerosos aspectos.

Por su parte, la descentralización es el rasgo definitorio de los estados federales, en los que cada una de las divisiones administrativas disfruta de un amplio grado de autonomía con respecto al gobierno central. En ocasiones se da el caso de que, como sucede en los Estados Unidos, las leyes de tales entidades pueden ser diversas entre sí, y sólo han de someterse a la jurisdicción de leyes generales de aplicación en el conjunto del país.

Los estados federales tienen su origen bien en la conformación de una estructura institucional que pudiera satisfacer los anhelos de autonomía y singularidad política de ciertas áreas dentro del país, o bien de otra destinada a salvar las limitaciones impuestas por territorios demasiado extensos o composiciones étnicas de la población excesivamente diversificadas, en los que la actuación de un poder centralizado podría verse dificultada.

Como en el caso de los estados unitarios, aunque sobre planteamientos inversos, existen estados en los que la estructura federal se mantiene por razones de índole fundamentalmente histórica, aunque la política presenta en ciertos aspectos un acusado centralismo. Tal sería, por ejemplo, el caso de México.

Además de los ya citados, otros países que presentan organización federal del estado son Canadá, Brasil, la Argentina, Alemania, Rusia, la India o Australia.

Evolución histórica de la noción de estado

Los orígenes y la antigüedad

Los primeros estados se gestaron a partir de las nacientes formas de economía productiva y de los más ancestrales procesos de división del trabajo, en el curso de la denominada revolución neolítica, con los primeros asentamientos estables, derivados de la organización de la producción agrícola y el pastoreo no nómada.

La aparición de la propiedad privada, inherente a este proceso, requirió de inmediato la creación de una estructura política que protegiera a los propietarios de tierras o rebaños de los ladrones o las fuerzas invasoras procedentes del exterior. Junto a esta función protectora, en los primitivos estados surgidos en Mesopotamia, Egipto y, más tarde, en China, la India y las civilizaciones precolombinas de América, el estado ejercía la función de gestionar los trabajos de construcción y mantenimiento de las obras públicas que favorecían el desarrollo de la colectividad.

Estos estados se configuraron sobre la base de una jerarquía teocrática y militar, en la que el poder convergía en una cúspide, ocupada por el rey o el emperador, al que se reconocía una autoridad de origen divino. La base de la producción era de tipo esclavista, régimen que se mantendría en las ciudades-estado griegas, las polis, y en la Roma republicana e imperial.

Fue precisamente en las polis griegas en las que se comenzaron a perfilar los primeros mecanismos de participación ciudadana en el gobierno del estado, con la aparición de nociones como aristocracia, “gobierno de los mejores”, y democracia, “gobierno del pueblo”.

El estado, de la edad media a la Ilustración

Los principios de participación de la comunidad en el gobierno del estado quedaron sojuzgados por la red de poder creada en torno a las relaciones de vasallaje propias del feudalismo. El Sacro Imperio Romano germánico y la Iglesia prevalecieron sobre los demás poderes, con independencia de que en las distintas áreas se configuraran reinos independientes basados en modelos equiparables.

No obstante, en esta fase de la historia también comenzaron a configurarse diversos elementos que pueden considerarse antecedentes del estado moderno. Tal es el caso, por ejemplo, de la aparición de la burguesía en las ciudades comerciales europeas, sobre todo de Flandes e Italia. Poco a poco el poder de los estados se fue fortaleciendo frente al imperial y al eclesiástico. Durante el Renacimiento se desarrollaron teorías políticas que otorgaban al estado la consideración que posteriormente presentaría. Así, el italiano Nicolás Maquiavelo y el francés Jean Bodin abogaron por un estado secular, que hiciera frente al poder del papado y en el que la soberanía nacional no fuera sometida por ningún poder temporal superior, ni imperial ni eclesiástico.

La doctrina de la soberanía derivó en primera instancia hacia el principio del “derecho divino de los reyes”, que sustentaría la consolidación de la monarquía absoluta como forma principal de estado durante el siglo XVII. No obstante, teorías políticas de pensadores encuadrados en el ámbito de la Ilustración, como el británico John Locke o los franceses Charles de Montesquieu o Jean-Jacques Rousseau, sirvieron de base para la doctrina de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y para la consolidación del principio del contrato social. En su obra así titulada, Rousseau planteó la renuncia a los derechos naturales de los ciudadanos en favor del estado y determinó que el pueblo soberano ha de protegerse en el marco del estado a través de leyes que lo preserven.

La evolución hacia el estado moderno

Las corrientes de pensamiento derivadas de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la independencia estadounidense asentaron la soberanía nacional como base de la legitimidad del poder del estado, dando carta de naturaleza a las teorías apuntadas por Bodin en el Renacimiento.

Durante el siglo XIX, las revoluciones liberales arrojaron como resultado, desde el punto de vista de la teoría del estado, la prevalencia de la burguesía y de su modo de producción característico, el capitalismo, sobre el modelo de estado monárquico, que había tenido su principal representación durante el Antiguo Régimen y que aún mantenía numerosos elementos heredados del feudalismo.

Los principios del liberalismo, como sistema en el que el estado se constituía en garante de las libertades individuales y el marco dentro del cual se desarrollaba la correlación entre las distintas fuerzas sociales, se vieron reflejados en los ordenamientos legales de numerosos países. En su mayoría estas legislaciones se inspiraron en las constituciones estadounidense de 1789 y francesa de 1791, y también en la española de 1812. Estos tres referentes serían esenciales, por ejemplo, en la génesis de los estados nacidos del proceso independentista latinoamericano.

La expansión de las clases medias discurrió en paralelo a la irrupción de nuevas fuerzas sociales, como el proletariado, que impulsaron la participación del conjunto de los ciudadanos en la vida política del estado. Por otra parte, en la transición al siglo XX, el modelo de estado liberal entró en crisis como consecuencia de los conflictos entre las grandes potencias imperialistas que derivarían en la Primera Guerra Mundial.

Las debilidades del estado liberal decimonónico fueron criticadas desde posiciones asociadas a las líneas de pensamiento anarquista, socialista y comunista, representadas por figuras como Mijaíl Bakunin, Karl Marx, Friedrich Engels o Vladimir Ilych Lenin, y desde la perspectiva del nacionalismo radical, que derivaría en modelos de estado fascista en Italia y nacionalsocialista en Alemania.

Caídos estos últimos tras la Segunda Guerra Mundial, buena parte de la segunda mitad del siglo XX fue el escenario de un enfrentamiento entre estados regidos por instituciones demoliberales o por otras basadas en el patrón de estado socialista. La generalización de la descolonización dio lugar, por otra parte, al surgimiento de numerosos nuevos estados que se adscribieron, según los casos, a uno u otro modelo.

La implosión del régimen de la Unión Soviética a principios de la década de 1990 y la consiguiente desaparición de la mayor parte de los estados regidos según ese sistema de estado, determinó la prevalencia de los estados de tipo capitalista.

En buena parte de ellos se produjo una progresiva consolidación de los mecanismos e instituciones democráticas, si bien también fueron frecuentes los periodos de interrupción de las libertades y el desarrollo de procedimientos de gobierno autocráticos propios de regímenes dictatoriales. La última década del siglo XX y la primera del XXI supusieron una generalización a nivel mundial del progresivo avance del estado democrático, con desarrollo y mejora de procesos de control y gestión social por parte del estado. De él derivaría el denominado estado del bienestar, en el que las instituciones estatales intervienen en el mantenimiento de áreas que son de interés para el conjunto de la sociedad, como educación, sanidad, seguridad social, etc.

Este esquema social del estado tuvo también detractores entre los partidarios de planteamientos más radicales del capitalismo, en función de los cuales se debía minimizar la intervención del estado en la dinámica política y, sobre todo, económica, dejando que el mercado fuera el que determinara la evolución de los acontecimientos.

¿Hacia un modelo de estado transnacional?

En la primera década del siglo XXI, una de las manifestaciones de la globalización a nivel político fue la consolidación de la tendencia a la formación de entidades transnacionales que agruparan diversos estados.

Inicialmente, tales entidades se centraron en el marco económico, con asociaciones como el Mercado Común del Sur (Mercosur), que agrupaba desde 1991 a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y al que se unió Venezuela en 2006. No obstante, en el plano general se fue conformando una línea de evolución hacia la integración política. De ello es reflejo, por ejemplo, el proyecto de Constitución desarrollado en la Unión Europea (UE), que desde 2007 integró a 27 países del continente. El proceso por el cual la UE habría de dotarse de un ordenamiento constitucional, rasgo característico de cualquier estado moderno, quedó no obstante en suspenso tras el rechazo en referéndum por los ciudadanos de Francia y de Holanda.