Corralito

    Durante los últimos días de 2001 se promovieron en Buenos Aires serias protestas por la implantación del corralito.

    En diciembre de 2001 se desató en la Argentina una crisis económica de notable envergadura. La prolongada recesión que arrastraba el país desde 1999, y que no pudo paliarse con el aumento impositivo de 2000, acabó incrementando el déficit fiscal. Desde marzo de 2001 la situación se agravó al comenzar la fuga de capitales de los depósitos de los bancos. Esta circunstancia, multiplicada en el transcurso de los siguientes meses, obligó al gobierno de Fernando de la Rúa a restringir la extracción de dinero en efectivo de cuentas corrientes y plazos fijos. La operación se conoció como corralito.

    La medida prohibía a los bancos realizar inversiones con pesos en el mercado de futuros, destinando esta posibilidad sólo a los dólares estadounidenses. Asimismo impedía ofrecer a los pesos tasas de interés superiores a las de los dólares, así como cobrar comisiones por cambio de la moneda local a la estadounidense. Al público, por su parte, se le prohibía sacar semanalmente de sus cuentas cantidades superiores a los 250 pesos (250 dólares estadounidenses según la equivalencia oficial) y realizar transferencias de capital al extranjero.

    A pesar de que estas medidas pretendían proteger al estado de un posible crack bancario, en un primer momento paralizaron el comercio nacional y tuvieron serias repercusiones en la economía cotidiana. Las multitudinarias protestas de la calle motivaron, a finales de ese año y comienzos de 2002, la dimisión de De la Rúa, un efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá y la llegada al poder de Eduardo Duhalde.

    Las primeras decisiones económicas de Duhalde, especificadas en la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario del 6 de enero y en el Decreto 71/2002 del 9 del mismo mes, fueron encaminadas a asegurar la paridad peso = dólar estadounidense. Así dio comienzo el llamado corralón.

    El 6 de febrero de 2002, el Decreto 214/2002, de “Reordenamiento del Sistema Financiero”, establecía que habían de transformarse a pesos todas las obligaciones de abono en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras. Asimismo reglamentaba la “pesificación asimétrica”, según la cual los depósitos en dólares serían convertidos a pesos a razón de 1,40 pesos por dólar, mientras que las deudas en dólares pasarían a pesos en la proporción de un peso por un dólar. En los meses siguientes se llevaron a cabo conversiones de deudas en moneda extranjera de mayor calado.

    El gobierno argentino dio por finalizado el corralito-corralón en diciembre de 2002. La medida sirvió para paliar la crisis y establecer las bases del resurgir económico de la nación.