Unión Europea

Reunión de los 25 países miembros de la Unión Europea en Roma.

Institución supranacional basada en la integración económica y política de sus Estados miembros en el marco del respeto y la defensa de los valores democráticos, la tutela de los derechos humanos y el bienestar de los pueblos. Tras diversas ampliaciones, la Unión Europea llegó a integrar a veintiocho países con una población total de más de cuatrocientos millones de personas. Se mantienen negociaciones con otras naciones con vistas a su futura incorporación. No obstante, en julio de 2016 el Reino Unido votó en referéndum abandonar la UE, lo cual inició un complejo proceso de negociaciones para resolver una situación que resultaba inédita dentro de la institución.

La UE ha obtenido grandes éxitos en el campo económico (con la integración de los mercados nacionales y la creación de una moneda común, el euro), en el social, el legislativo y el judicial. Sin embargo, en el terreno de la integración política las dificultades han sido, y siguen siendo, mayores.

La UE cuenta con unos símbolos que la identifican: la bandera, doce estrellas doradas dispuestas en círculo sobre fondo azul; un himno, la Oda a la alegría, de Ludwig van Beethoven; y una fecha significativa: el 9 de mayo, Día de Europa. En este día se conmemora la propuesta hecha en 1950 por Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, de crear una comunidad entre varios países europeos para aunar esfuerzos.

De los primeros tratados a la CE

A lo largo de su historia, el continente europeo ha sido testigo de los intentos de diversos reinos e imperios de extender su hegemonía sobre los demás con la idea de conferir una unidad en sus dominios. Estas tentativas, la mayoría de las veces por medio de las armas, fracasaron antes o después y las consecuencias fueron, además del coste de muertos y las devastaciones producidas, mayores rivalidades entre los países. El resultado de estas tensiones derivó en las dos guerras mundiales y la división de Europa en dos grandes bloques entre 1945 y 1990.

Con la idea de superar viejos rencores y divisiones, una serie de políticos de gran talla, como los franceses Jean Monnet y Robert Schuman, el alemán Konrad Adenauer o el italiano Alcide De Gasperi, dieron los primeros pasos hacia la unificación del continente. Así, el primer paso lo dieron Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos al formalizar una unión aduanera conocida como el Benelux (1948). Posteriormente, por el Tratado de París de 18 abril de 1951, se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) formada por Italia, Alemania Federal, Francia y los países del Benelux. Esta organización nació con la idea de regular la industria de estos dos productos y promover la eliminación gradual de las barreras comerciales.

El éxito de la CECA contribuyó a dar nuevos pasos a favor de la unión en Europa. Así, el 25 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma, por el que los mismos países crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Los objetivos de la CEE eran, entre otros, la eliminación de las barreras comerciales, la creación de una política agraria común y la integración de las políticas sociales y fiscales. Sin embargo, esta medida provocó la inmediata reacción en Gran Bretaña, que se negó a formar parte de la CEE y promovió, al mismo tiempo, un proyecto propio que fructificó, en 1960, en la Asociación Europea de Libre Comercio, organismo que agrupó a varios países europeos.

Un paso más en la integración se dio en 1967, cuando las tres comunidades existentes (CECA, CEE y EURATOM) fusionaron sus instituciones, lo que dio paso al nacimiento de la Comunidad Europea (CE). El éxito de la CE influyó para que varias naciones solicitaran su ingreso rápidamente. Así, tras largas negociaciones no exentas de dificultades, sobre todo por la negativa del presidente francés Charles de Gaulle a que el Reino Unido entrase en la CE, tuvo lugar finalmente la primera ampliación el 1 de enero de 1973, con el ingreso de Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido. Paralelamente, a lo largo de esos años, se fortalecieron las diversas instituciones comunitarias (como la Comisión y el Parlamento), se crearon fondos de ayuda especiales (como los Fondos Europeos de Desarrollo Regionales) y se inició el camino hacia la integración económica con la instauración, el 13 de marzo de 1979, del Sistema Monetario Europeo (SME). Éste tenía como objetivo estabilizar los tipos de cambio y atajar la inflación. Además, se creó la Unidad de Cuenta Europea (ECU), que establecía el tipo de cambio central para todas las monedas de la CE.

La apertura de la CE prosiguió rápidamente en la década de 1980. Así, en 1981 entró Grecia y en 1986 ingresaron España y Portugal, lo que suponía ya una CE con doce países. Un importante paso en el fortalecimiento de la Comunidad Europea fue la iniciativa del presidente de la comisión Jacques Delors de crear un mercado común. Así, en diciembre de 1985 se aprobó el Acta Única Europea, que fue ratificada por los Estados miembros en julio de 1987. El Acta amplió los objetivos iniciales de la CEE, pues se acordaron medidas unificadoras en materia fiscal, sanitaria y medio ambiente y, al mismo tiempo, se pretendía crear un especio europeo sin fronteras en el que hubiera libertad de mercancías, capitales, servicios y personas.

La creación de la UE

Para enfrentar los nuevos retos económicos y políticos, los Estados de la CE firmaron el 7 de febrero de 1992 el Tratado de Maastricht, que dio paso a la Unión Europea (UE). Este acuerdo, ratificado en octubre de 1993, favoreció la introducción de la moneda única, aumentó las competencias del Parlamento y asumió nuevas competencias en materia de política exterior y justicia. Al mismo tiempo, la UE siguió aumentando el número de países miembros con la incorporación el 1 de enero de 1995 de Austria, Finlandia y Suecia. De esta manera, la UE alcanzaba los quince «socios». La llegada de estas nuevas naciones y algunos artículos polémicos del Tratado de Maastricht motivaron que en octubre de 1997 se rubricase el Tratado de Amsterdam (en vigor desde 1999), que prestó especial atención a las cuestiones sociales, como la lucha contra el paro y el fomento del empleo, la reforma de algunas instituciones y el establecimiento de una política exterior y seguridad común (la llamada PESC).

También en la década de 1990, se apostó definitivamente por la creación de una moneda única. Para ello, en 1992 (bajo el Tratado de Maastricht) se establecieron los criterios de convergencia que debían cumplir los países miembros para participar de la unión económica y monetaria (UEM). En julio de 1998 se creó el Banco Central Europeo (BCE) y, finalmente, el 1 de enero de 1999 entró en vigor la moneda única europea (el euro), aunque no fue hasta enero de 2002 cuando entró en circulación oficialmente en todos los países de la UE, con excepción del Reino Unido, Dinamarca y Suecia.

Tratado muy importante en el devenir de la UE fue el alcanzado en la cumbre de Niza (diciembre de 2000-enero de 2001), ya que se estableció una amplia reforma institucional con vistas a la incorporación de numerosos países de Europa oriental. Así, en Niza, hubo un nuevo reparto en el número de escaños del Parlamento, se determinó un número máximo de comisarios y se estableció el número de votos por país en el Consejo de Ministros, así como los mecanismos para aprobar o rechazar las decisiones. El 1 de enero de 2004 tuvo lugar la entrada oficial de diez nuevos Estados: Polonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Chipre y Eslovenia, con lo que la UE pasaba a tener veinticinco miembros. La siguiente ampliación se produjo en 2007 con la incorporación de Bulgaria y Rumania. Como estos nuevos socios cuentan con una renta mucho más baja que la anterior «Europa de los quince», se establecieron ayudas financieras por valor de miles de millones de euros que permitieran el desarrollo industrial, agrícola, social y administrativo de estos países.

Mientras que la integración económica ha sido un gran éxito, la unión política ha encontrado más resistencias. Un paso importante en este campo fue la aprobación el 19 de junio de 2004 de una Constitución europea, tras veintiocho meses de complicadas y tensas negociaciones. No obstante, el rechazo en referéndum de Francia y los Países Bajos a esta Constitución cerró temporalmente esta vía tendente a la integración política paneuropea.

En los meses siguientes se intensificaron las negociaciones para la elaboración de un nuevo acuerdo que regulara el funcionamiento de las instituciones europeas y las relaciones entre sus miembros. Este acuerdo se materializó en el denominado Tratado de Lisboa, que fue rubricado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Además de definir los mandatos y funciones de las diferentes estructuras e instituciones europeas, como el Banco Central Europeo, en virtud del Tratado de Lisboa se crearon las figuras de Presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante para la Unión en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El belga Hermann van Rompuy, como presidente, y la británica Catherine Ashton, como alta representante, fueron los primeros mandatarios que ocuparon estos puestos. También se acordó una reducción en el número de comisarios europeos que entraría en vigor en 2014 y que pondría fin al principio de que cada Estado miembro tuviera un miembro dentro de la Comisión Europea.

La Comisión y el Tribunal de Justicia recibieron una ampliación de sus competencias en justicia y política europea, y se incluyeron artículos destinados a facilitar la gobernabilidad de la UE. Así, se retiraron los derechos de veto de los Estados miembros en varias áreas de actividad, a la vez que se limitaban las decisiones que habrían de tomarse por unanimidad para establecer preferentemente el principio de la mayoría cualificada.

Esta reforma de los tratados fundamentales de la UE comenzó a aplicarse en un contexto de dura crisis económica que afectó especialmente a los países de la llamada Eurozona o «zona euro», que compartían el euro como moneda común. La existencia de unión monetaria, pero no unión bancaria y fiscal, provocó serios desajustes internos en esta región ya que, mientras los países más solventes como Alemania, Austria, Finlandia y los Países Bajos mantuvieron una trayectoria económica sólida, aun con dificultades y breves etapas recesivas, los llamados países periféricos del euro, en particular Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y, en menor medida, España, hubieron de solicitar ayuda financiera a la Comisión Europea y al BCE. Estos cinco países fueron objeto de rescates financieros (en España, extendidos únicamente a su sector bancario), a cambio de los cuales hubieron de aplicar duras medidas de contención del gasto público y reformas estructurales del mercado laboral y de las políticas de inversión y prestaciones sociales. Otros países, en particular Italia y Francia, se vieron instados asimismo a introducir reformas impopulares. Esta situación abocó a una cierta inestabilidad política y a protestas sociales, que se acompañaron de un mayor sentimiento de escepticismo y desencanto hacia el proyecto europeo.

En junio de 2014, tras la celebración de las elecciones parlamentarias europeas, se formó un nuevo equipo de gobierno en la UE encabezado por el polaco Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo. El alemán Martin Schulz y el italiano Antonio Tajani ocuparon sucesivamente la presidencia del Parlamento en los periodos 2014-2017 y 2017-2019, mientras que el luxemburgués Jean-Claude Juncker se desempeñó durante cinco años como presidente de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la entidad.

De forma gradual, y con una escasa coordinación entre los países de acuerdo con sus situaciones económicas y sociales internas, la crisis europea obligó a los dirigentes de la UE y los Estados miembros a avanzar en las políticas de integración. La unión bancaria y fiscal se definió como uno de los objetivos primordiales que, una vez aliviadas las tensiones más urgentes, deberían abordarse dentro de la UE. El ritmo y el alcance de esta integración provocó desencuentros entre los Gobiernos, y el Ejecutivo británico encabezado por David Cameron incluyó como un compromiso de su acción política la convocatoria de un referéndum para cuestionar la permanencia del Reino Unido en la UE. En sentido contrario, en 2013 el país balcánico de Croacia se convirtió en el 28º Estado miembro de la Unión Europea.

La celebración del referéndum en el Reino Unido produjo un resultado inesperado. En contra de lo que vaticinaban las encuestas previas, la población británica votó en favor de abandonar la UE con un 51,9 % de los sufragios favorables. El primer ministro Cameron presentó su dimisión, y su sucesora en el cargo, Theresa May, insistió en que el referéndum, aunque convocado con carácter consultivo y no vinculante, debía dar inicio a un proceso de separación entre el Reino Unido y la UE. Para ello era imperativo que el Ejecutivo británico invocara expresamente la aplicación de los tratados europeos que especificaba el protocolo para la retirada de la UE de uno de los Estados Miembros.

A lo largo de 2018, el proyecto de integración europea se vio enfrentado a retos importantes. Las negociaciones para la separación del Reino Unido (coloquialmente, Brexit, un acrónimo del inglés Britain exit, o “salida de la Gran Bretaña”) progresaron con dificultades. A finales de noviembre, las dos partes alcanzaron un trabajoso acuerdo preliminar que establecía las condiciones de dicha separación. No obstante, el gobierno británico encabezado por May se encontró con una seria oposición en el Parlamento de su país que puso en entredicho los términos del documento provisional suscrito. La incapacidad del ejecutivo de May de llevar a cabo con éxito la retirada del Reino Unido llevó a la primera ministra británica a anunciar su dimisión en mayo de 2019. La inestabilidad política en el Reino Unido derivada de los desacuerdos internos sobre el Brexit aplazó repetidamente la fecha de salida del país más allá de las fechas inicialmente previstas a mediados de ese año.

Por otra parte, fuerzas calificadas de “populistas” situadas en los dos extremos del espectro ideológico vivieron un avance notable en varios países de la UE. Estos partidos políticos cuestionaban algunos de los principios básicos de la construcción europea, como el libre movimiento de personas, la admisión de refugiados, la multiculturalidad o la cesión de competencias que consideraban de soberanía nacional, entre las cuales incluían a la moneda común.

En el este europeo, los gobiernos de cuatro países integrados durante la Guerra Fría en el bloque soviético y más tarde adscritos a la UE formaron un frente compartido con posturas críticas o incluso antieuropeas en varios aspectos de la política común. De este llamado Grupo de Visegrado formaban parte Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia. En los dos primeros de estos países ascendieron al poder formaciones políticas ultraconservadoras de marcado tinte nacionalista y aislacionista. Polonia y Hungría encabezaron el rechazo categórico a las cuotas de admisión de refugiados en la UE y pusieron en duda el liderazgo del gobierno europeo de Bruselas en diversas materias. La Comisión Europea vertió contra ellos amenazas de sanciones por sus tentativas de incumplir algunos de los principios fundamentales contemplados en la legislación europea, entre ellos la separación de poderes a escala nacional.

El fenómeno de la radicalización del electorado pareció extenderse a la práctica totalidad del territorio europeo. El avance de partidos considerados “euroescépticos” en las principales naciones de la UE, como Alemania, Francia y los Países Bajos, se agravó con la llegada al poder en Italia de una coalición formada por la Liga, de inspiración fuertemente nacionalista, y el Movimiento Cinco Estrellas, considerado populista de izquierdas. Con su marcadas discrepancias ideológicas, ambos compartían una visión muy crítica del estado de la UE.

En este contexto, la decisión del gobierno italiano de no acatar las recomendaciones de las autoridades financieras de la llamada “zona euro” sobre contención del déficit público llevó a que, en una decisión sin precedentes: en octubre de 2018, la Comisión Europea rechazara el Proyecto de Presupuestos Generales de Italia e instara a las autoridades de este país a enmendarlo bajo amenaza de cuantiosas sanciones económicas. Dentro de este panorama se produjo, como nota positiva, el fin del rescate económico concedido a Grecia en los momentos más graves de la crisis financiera surgida a partir de 2008.

En conjunto, hoy en día la UE conforma un conjunto de naciones con pronunciados contrastes que se materializan en los diferentes indicadores socioeconómicos y demográficos (PIB, renta per cápita, aportación al presupuesto comunitario, costes laborales, tasas de envejecimiento de la población, etc.). En general, se puede afirmar que la anterior «Europa de los quince» cuenta con una economía mucho más desarrollada y diversificada, con un gran dominio del sector terciario y el mantenimiento de un fuerte sector industrial mientras que el sector primario es muy reducido.

La crisis financiera y económica producida a raíz de 2008 se dejó sentir especialmente en la «zona euro», en la que los países del centro y norte de Europa consolidaron su papel de economías eminentemente productoras y financieramente estables mientras los países meridionales se concentraron en el sector de los servicios a la par que, a través de reformas estructurales, abarataban los costes de producción. A su vez, algunos de los países que se incorporaron a partir de 2004 se enfrentan a importantes desafíos, como la necesidad de reconversiones industriales, fruto de un sector atrasado y sobredimensionado, la reducción de su preeminente sector agrícola y ganadero, el alto desempleo o los indicadores de bienestar de la población. Las tensiones citadas son consecuencias difícilmente evitables en un conjunto de naciones que se diferenciaban entre sí por importantes contrastes.

Las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 se celebraron en un clima de cierta incertidumbre. El proceso en curso de abandono de la UE por parte del Reino Unido y el fortalecimiento de formaciones políticas de orientación populista muy críticas con el funcionamiento de la UE en países como Italia, Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa planteaban serias amenazas para el avance de la unidad económica y política europea. Los dos grandes grupos parlamentarios tradicionales, conservadores y socialdemócratas, vieron cuestionada su hegemonía por el auge de los grupos liberal y verde.

Tras complejas negociaciones, en julio se aprobó la composición del nuevo equipo directivo de la UE. La conservadora alemana Ursula von der Leyen fue designada presidenta de la Comisión Europea, mientras que el socialista español Josep Borrell asumió la máxima representación diplomática como alto representante de Política Exterior. La francesa Christine Lagarde fue nombrada presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y el italiano David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. El belga Charles Michel ocuparía la presidencia del Consejo Europeo en sustitución de Tusk.

Aun con sus dificultades, la UE mantuvo su validez como un proyecto extenso de paz y colaboración tendente a mejorar las condiciones de vida de varios cientos de millones de personas. Este esfuerzo quedó reconocido con la concesión, en 2012, del Premio Nobel de la Paz a esta entidad supranacional.

Instituciones de la UE

La Unión Europea cuenta con una serie de organismos encargados de dirigir y tomar las decisiones que afectan a todos los países y ciudadanos comunitarios. Esto es posible porque los países miembros delegan parte de su soberanía en la Unión. Las principales instituciones son las siguientes:

Comisión Europea

Es el brazo ejecutivo de la UE. Aunque existe desde los tratados fundacionales de los años cincuenta, sus funciones han cambiado mucho desde entonces. Históricamente estaba integrada por un representante de cada país miembro (comisario) para un periodo de cinco años, con un presidente al frente. A partir de 2009, se introdujo un sistema para reducir el número de comisarios, que serían elegidos por rotación de una manera que fuera equitativa para todos los países miembros.

Los comisarios son designados por los Gobiernos de los países y el presidente de la Comisión, y deben ser refrendados por el Parlamento. Las reuniones de la Comisión son semanales y se celebran en Bruselas. Sus funciones son proponer la legislación al Parlamento y al Consejo y hacerla cumplir una vez aprobada, gestionar el presupuesto comunitario y representar a la UE en las reuniones internacionales. Cuenta, en total, con un cuerpo de 24.000 funcionarios.

Parlamento Europeo

Institución que se remonta a los orígenes de la CEE, aunque con el paso del tiempo ha ido adquiriendo mayor importancia y poder. En la actualidad, los europarlamentarios son elegidos directamente por los ciudadanos de su país con derecho a votar. Las elecciones al Parlamento se realizan cada cinco años y los diputados elegidos se sientan no por bloques nacionales, sino por grupos políticos. Así, cabe citar al Grupo del Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Actualmente hay 752 escaños, que se asignan en función de la población de cada Estado.

La sede del Parlamento está en la ciudad de Estrasburgo, aunque existen diecisiete comisiones permanentes en Bruselas, y la Secretaría General se halla en Luxemburgo. El Parlamento tiene tres funciones principales: legislar conjuntamente con el Consejo, controlar los presupuestos de la Unión (que puede aprobar o rechazar) y realizar una labor de control del resto de instituciones, sobre todo la Comisión, pudiendo rechazar o aceptar el nombramiento de los comisarios.

Consejo Europeo

Institución de la Unión Europea que está integrada por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión Europea y, como integrante no miembro de pleno derecho, el Alto Representante de la Unión. Ejerce la jefatura simbólica de la UE y ofrece orientaciones sobre sus principales políticas. Tiene su sede en Bruselas y recibe la asistencia de la Secretaría General del Consejo de la Unión.

Consejo de la Unión Europea

Anteriormente llamado Consejo de Ministros, es la principal instancia de decisión de la UE. Representa a los Estados miembros y a sus reuniones asiste un ministro de cada Gobierno, que varía en función del tema que se trate en esa oportunidad (economía, medio ambiente, transportes, etc.). La presidencia es rotatoria y su duración es de seis meses, plazo en el que pasa a otro país de la UE. Tiene como principales funciones aprobar las leyes europeas, aceptar, rechazar o modificar las propuestas de la Comisión, coordinar las políticas económicas, firmar los tratados internacionales, aceptar el presupuesto comunitario y desarrollar la política exterior. Las decisiones del Consejo se realizan mediante votación y el número de votos (en total 321) varía en función de la población del país, aunque no es exactamente proporcional. Para adoptar una decisión se requiere, normalmente, una mayoría cualificada, es decir, un número mínimo de votos.

Además de las reuniones habituales del Consejo, los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión se reúnen periódicamente, hasta cuatro veces al año, en las denominadas «cumbres» del Consejo, con el fin de establecer la política general de la UE y comprobar los avances que logrados.

Tribunal de Justicia

Creado en 1957, se encarga de garantizar que la legislación de UE, el llamado derecho comunitario (compuesto por reglamentos, directivas y decisiones), se interpreta y aplica del mismo modo en todos los Estados miembros. Tiene poder para resolver cualquier conflicto legal entre las naciones de la UE, instituciones, empresas y particulares. Está conformado por un juez de cada país y su mandato se extiende para un periodo de seis años.

Banco Central Europeo (BCE)

Fue creado en 1998 para introducir y gestionar la puesta en marcha del euro. También es la entidad responsable de establecer, en líneas generales, la política económica y monetaria de la UE. Por ello, se encarga de estabilizar los precios en la zona euro y controlar la oferta monetaria. Las máximas instancias decisorias son el Comité Ejecutivo, cuyos seis miembros son elegidos entre los jefes de Gobierno de los países de la zona euro, y el Consejo de Gobierno.

Tribunal de Cuentas

Creado en 1977, tiene como función verificar los ingresos y gastos de la UE y la gestión de los recursos. Está integrado por un miembro de cada Estado designado por el Consejo y su duración es de seis años.

Otras instituciones comunitarias que deben citarse son: el Banco Europeo de Inversiones (BEI), entidad que financia proyectos destinados a las zonas más desfavorecidas; el Comité Económico y Social (CESE), organismo consultivo que representa a sindicatos, empresarios, consumidores, etc.; el Comité de las Regiones, también de carácter consultivo, que representa a las autoridades regionales y locales de la UE y debe ser consultado cuando se traten materias como educación, medio ambiente y transporte que conciernan a los Gobiernos locales; y el Defensor del Pueblo Europeo. Esta figura apareció a raíz del Tratado de Maastricht. Actúa como interlocutor entre los ciudadanos y las autoridades comunitarias. Es elegido por el Parlamento por un tiempo de cinco años y puede investigar cualquier denuncia de un ciudadano, empresa o institución de la UE.

Dentro de la UE existen varias instancias creadas específicamente para realizar tareas muy diversas y que reciben el nombre genérico de «agencias» (aunque pueden tener diferentes nombres). Algunas de ellas son el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos y la Oficina Europea de Policía (Europol).

Esquema de la Unión Europea

Institución supranacional basada en la integración económica y política de sus Estados miembros en el marco del respeto y la defensa de los valores democráticos, la tutela de los derechos humanos y el bienestar de los pueblos.

En la actualidad la Unión Europea integra 27 países con una población total de más de cuatrocientos millones de personas. Se negocia con otras naciones para su futura incorporación.