Tratado de Lisboa

    Acuerdo suscrito por los países miembros de la Unión Europea (UE) el 13 de diciembre de 2007 para su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, destinado a ordenar el funcionamiento de los distintos órganos de la UE y las relaciones entre sus estados miembros. El Tratado de Lisboa vino a sustituir y ampliar las disposiciones de los dos acuerdos fundacionales previos de la Unión Europea: los tratados de Roma de 1958 y de Maastricht de 1992.

    La redacción del Tratado de Lisboa pretendía resolver los problemas surgidos ante la nueva configuración territorial y geoestratégica de la UE, tras las sucesivas ampliaciones de la misma a países del este de Europa. Su objetivo declarado era modernizar las estructuras europeas para adaptarlas a un contexto internacional de economía globalizada y de creciente actividad del comercio y a los cambios políticos y sociales asociados. También pretendía definir las bases de una política económica y social europea, de manera que se tuvieran en cuenta los problemas derivados de aspectos como el cambio climático, el abastecimiento energético, la seguridad conjunta y la evolución demográfica en el seno de la UE.

    En uno de los cambios más significativos introducidos en su articulado, el Tratado de Lisboa establecía que varias decisiones políticas de primer orden en el Consejo de Ministros de la UE habrían de tomarse por mayoría cualificada, y no por unanimidad como se contemplaba en acuerdos precedentes. Por otra parte, se pretendía reforzar los poderes del Parlamento Europeo y demás instituciones comunitarias y se creaba la figura de un Presidente del Consejo Europeo, con carácter permanente, designado por votación con mayoría cualificada por el Consejo Europeo para un periodo renovable de dos años y medio. También se creó el cargo de Alto Representante para la Unión en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El belga Hermann van Rompuy, como presidente, y la británica Catherine Ashton, como alta representante, fueron los primeros mandatarios en ocupar estos puestos con la entrada en vigor del tratado en 2009.

    Asimismo, en virtud del Tratado de Lisboa se oficializó la condición de institución europea del Banco Central Europeo. Este organismo asumió un papel de primer orden en las medidas dirigidas a combatir la grave crisis económica extendida por la UE y, en especial, la llamada “zona euro” en los primeros años de la década de 2010.

    En otros de sus aspectos, el Tratado de Lisboa redefine formalmente los procedimientos y la composición de las principales instituciones, como el Parlamento Europeo y la designación de su presidente, la convocatoria de las elecciones para el nombramiento de sus diputados y la Comisión Europea con delimitación de sus funciones y su interrelación con los demás órganos de gobierno. Finalmente, fija las pautas generales sobre defensa, seguridad y política exterior; solidaridad mutua y sistemas de estabilidad económica; consolidación jurídica y legal; comercio y competencia; derechos de las personas y las sociedades en el territorio de la UE; y mecanismos para la admisión de nuevos miembros y la posible secesión de algunos de los adscritos, entre otros muchos aspectos.