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El proceso independentista en América

    En las primeras décadas del siglo XIX, las colonias americanas de España y Portugal vivieron un proceso independentista que, salvo contadas excepciones, sólo cabe describir como exitoso. Después de las llamadas guerras de emancipación, todas las colonias continentales, desde el Virreinato del Río de la Plata hasta el de Nueva España, quedaron desligadas de las antaño potencias ibéricas. La definitiva conformación de los actuales Estados latinoamericanos no tendría lugar, sin embargo, hasta algo después.

    Durante largo tiempo se consideró que este proceso independentista tuvo como causa principal el enfrentamiento entre dos mundos distintos –el de los criollos y el de los españoles peninsulares– así como el afán por librarse del yugo colonial. La historiografía actual, no obstante, señala un proceso mucho más complejo, caracterizado por la formación de distintas facciones en cada bando y numerosos cambios de alianzas. Sólo así se explica que en algunas colonias, como Brasil, se diese cierto continuismo, mientras que en otras, como el Virreinato del Perú, se planteaba abiertamente la cuestión independentista, y en otras, como el Virreinato de México, se producía una alianza entre los dirigentes de la insurgencia y las clases conservadoras.

    La situación previa a la independencia en Latinoamérica

    Los movimientos independentistas fueron el resultado final de una serie de procesos que se dieron en toda Latinoamérica durante el siglo XVIII. Por un lado, influyeron la propia actitud de las autoridades coloniales y las directrices marcadas desde las metrópolis (reformas de los Borbones en España y del marqués de Pombal en Portugal); por otro, la sociedad latinoamericana no pudo evitar hacerse eco de los trascendentales acontecimientos que acaecían en el exterior, como la independencia estadounidense o la Revolución francesa.

    La rigidez de la estructura social del nuevo continente también tuvo un importante peso en los deseos emancipadores. La población americana tenía pocas cuotas de poder en sus propios territorios. Los negros ocupaban el escalafón social más bajo (muchos eran esclavos), sobre el que se alzaba un poco el grupo integrado por los indios –vinculados a la agricultura de subsistencia, lo que les llevaba a la miseria en tiempos de catástrofes climáticas– y por los mestizos, los cuales, aunque hablaban español y solían poseer un cierto bagaje de conocimientos, apenas podían medrar en la sociedad, al estar bloqueados tanto por los peninsulares como por los criollos.

    La alianza entre los insurgentes y los conservadores facilitó la independencia de México. Con el título de emperador, y bajo el nombre de Agustín i, Agustín de Iturbide (en la ilustración, recibido con júbilo en la capital mexicana) fue el primer mandatario del nuevo Estado.

    A pesar de tener el poder económico, los hijos de españoles nacidos en América, conocidos como criollos, fueron excluidos por los peninsulares del poder político. Poco a poco, sin embargo, lograron introducirse en la Administración (Cabildos) y ocupar cargos en instituciones judiciales (Audiencias) e incluso en los puestos intermedios de la jerarquía eclesiástica y de la milicia. A pesar de estos avances, estaban marginados de la cúspide del poder: los virreyes, los arzobispos y los que dirigían el comercio a gran escala con España eran siempre peninsulares. Esta sensación de injusticia fue calando lentamente en los criollos, quienes con el tiempo empezaron a diseñar una sociedad en la que ellos tomarían el mando.

    La progresiva introducción en los centros de poder de los criollos a lo largo del siglo xviii tuvo una influencia decisiva en los procesos de independencia. En la imagen, reunión del Cabildo de Buenos Aires del 25 de mayo de 1810.

    El ambiente ilustrado

    Las reformas emprendidas por los Borbones intentaron afianzar el control de la Corona sobre las colonias. Muchas de estas medidas iban en contra del ideal liberal e ilustrado que comenzaba a arribar a los virreinatos desde Europa. Dentro de las ideas que conformaban el mundo de la Ilustración, la que mayor impacto tuvo en las colonias fue el frontal rechazo al concepto de que el rey gobernaba «por la gracia de Dios»; más bien, para los ilustrados, el ejercicio del poder por parte de los monarcas provenía de un pacto entre éstos y la población, por el cual los ciudadanos otorgaban al rey la capacidad de gobernar de acuerdo a las leyes emanadas de la soberanía popular.

    Tal fundamento, básico para las proclamas ilustradas sobre la separación de poderes, la representatividad parlamentaria, la libertad individual o los derechos universales del hombre, chocaba con la práctica absolutista de las monarquías del XVIII. Aunque éstas habían intentado adaptarse a los ideales de la época (despotismo ilustrado), en realidad seguían comportándose como hicieran anteriormente, desarrollando políticas que, si bien podían ser acertadas, no eran siempre aceptadas por la ciudadanía, que las veía como un atentado contra los derechos y privilegios conseguidos hasta la fecha. Éste era, al fin y al cabo, el caso de las reformas borbónicas.

    A finales del XVIII, estas ideas acabaron calando entre las oligarquías criollas latinoamericanas. Tal difusión se consiguió a través de diversos cauces: una educación elitista, la participación en sociedades secretas (masones, rosacruces, etc.) relacionadas con los ambientes ilustrados y, un acontecimiento muy importante, la aparición y difusión de publicaciones periódicas, como La gaceta de México, La gaceta de Lima, Primicias de la cultura (en Quito), el Semanario de Nueva Granada (en Bogotá), etc. A través de estas vías, a las que se sumó la traducción de Antonio Nariño (1765-1823) de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se comenzó a criticar no tanto a la monarquía hispánica (la mayoría de movimientos emancipadores actuarían al principio para salvaguardar los derechos de ésta), como a la forma en la que los reyes españoles entendían el ejercicio del poder.

    El patriota Antonio Nariño sufrió prisión por haber traducido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la imagen, monumento levantado en su honor en Bogotá.

    Las revoluciones de finales del XVIII y el Imperio napoleónico

    Las ideas ilustradas pasaron del terreno teórico al práctico con el éxito cosechado por los revolucionarios estadounidenses y franceses. La independencia de las trece colonias británicas en América del Norte y la proclamación de la república francesa demostraron, por una parte, la universalidad del movimiento ilustrado y, por otra, su posibilidad de hacerlo real. Además, el papel de la monarquía española en el primero de estos casos había socavado los fundamentos ideológicos del absolutismo, debido al apoyo mostrado por España a los insurgentes. Finalmente, el hecho de que tanto los Estados Unidos como Francia hubiesen adoptado formas republicanas sembraba como mínimo la duda sobre la conveniencia de las monarquías.

    En su proceso de expansión, el Imperio napoleónico acabó invadiendo España y forzando la abdicación de Carlos iv. En las imágenes un cuadro decimonónico alusivo a las victorias bonapartistas y retrato del soberano.

    En su proceso de expansión, el Imperio napoleónico acabó invadiendo España y forzando la abdicación de Carlos iv. En las imágenes un cuadro decimonónico alusivo a las victorias bonapartistas y retrato del soberano.

    La Revolución francesa tuvo además una consecuencia con repercusiones directas para España y el movimiento emancipador latinoamericano: el Imperio napoleónico. Tras el ascenso al poder por parte de Napoleón Bonaparte (1769-1821) en 1799 y la proclamación del imperio cinco años más tarde, se inició en Europa un periodo de guerras que afectó directamente a España y Portugal. En 1807, las tropas francesas ocuparon pacíficamente España con el pretexto de invadir Portugal, tradicional aliado inglés. La expedición napoleónica motivó el exilio del rey portugués a Brasil, así como la inestabilidad de la monarquía hispana, marcada por el enfrentamiento entre Carlos IV y el príncipe Fernando (posterior Fernando VII), y la invasión de facto del territorio nacional por parte de las tropas francesas. El mismo año en que la familia real portuguesa llegaba a Brasil, 1808, las presiones del propio emperador facilitaban las sucesivas abdicaciones de Carlos IV en Fernando VII y de éste en Napoleón Bonaparte (abdicaciones de Bayona). El descabezamiento de la monarquía hispánica y el inicio de la Guerra de la Independencia española el 2 de mayo de 1808 darían el pistoletazo de salida a los movimientos emancipadores latinoamericanos.

    La Guerra de la Independencia española y las convulsiones provocadas por la restauración del absolutismo de Fernando VII, crearon las condiciones necesarias para el inicio del movimiento emancipador en Latinoamérica. En la imagen, dos cuadros de Goya: Retrato de Fernando VII y Los fusilamientos del 3 de mayo.

    La Guerra de la Independencia española y las convulsiones provocadas por la restauración del absolutismo de Fernando VII, crearon las condiciones necesarias para el inicio del movimiento emancipador en Latinoamérica. En la imagen, dos cuadros de Goya: Retrato de Fernando VII y Los fusilamientos del 3 de mayo.

    El proceso independentista

    El proceso independentista conoció tres etapas diferenciadas. La primera se inició en 1808, cuando el nuevo rey de España, Fernando VII, fue apresado y llevado a Francia con motivo de la invasión napoleónica de la península. Ante la deposición del monarca, los virreinatos pasaron por una época de crisis marcada por la duda generada por la nueva situación. Los primeros levantamientos en Latinoamérica intentando sacar provecho de la situación fueron generalmente controlados por la Administración colonial, la cual, incluso, llegó a contar con el apoyo de la burguesía criolla en algunos casos concretos.

    La segunda fase del proceso se inició en 1814 con el fin de las guerras napoleónicas, el regreso del monarca a España y la restauración del absolutismo. Ante el retroceso del liberalismo y la represión borbónica, expresada a través del envío de tropas a América para sofocar los conatos de «rebelión», surgieron nuevos movimientos que, ahora sí, contaron con el apoyo, o mejor dicho, el liderazgo criollo: Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio José de Sucre, etc. La agitación independentista acabó por extenderse a todas las regiones latinoamericanas, dificultando en gran medida las actividades bélicas de las tropas realistas y obteniendo ya algunas victorias.

    Finalmente, la tercera etapa comenzó en 1820 y estuvo marcada por un levantamiento en la península (Rafael del Riego, 1820) y la instauración forzada de una Constitución liberal (Constitución de Cádiz). Con ello, la monarquía acabó perdiendo cualquier tipo de justificación ideológica que le permitiese argumentar la necesidad de acabar con los movimientos libertadores latinoamericanos; éstos se acabarían aprovechando de tales circunstancias y del reconocimiento, por parte del Reino Unido (1825), de su independencia.

    El Virreinato de Nueva España

    La invasión napoleónica y la reclusión de Fernando VII en Bayona originaron un proceso de intranquilidad en la ciudad de México que terminó con la deposición del virrey José de Iturrigaray (1742-1815) por parte de un grupo de peninsulares que pretendían formar una Junta de Gobierno a la espera del regreso del monarca (1808). Al mismo tiempo, diversos movimientos independentistas comenzaron a surgir en las regiones vecinas: en el Bajío, una próspera región que, sin embargo, atravesaba por una recesión coyuntural, el cura Miguel Hidalgo (1753-1811) consiguió encauzar el malestar de las clases trabajadoras y los indígenas hacia un movimiento insurgente («Grito de Dolores», 16 de septiembre de 1810), movimiento que hizo uso de algunos de los símbolos protonacionales mexicanos (Virgen de Guadalupe), pero que no se rebeló directamente contra la monarquía española, a la cual todavía reconocía. El levantamiento, más que político, fue social: exigía la restauración y ampliación de las libertades, la abolición de la esclavitud y la igualdad en el plano económico de los indígenas (fin del tributo especial, devolución de tierras comunales).

    Aunque el movimiento consiguió algunos éxitos (toma de Guanajuato y Valladolid), el escaso apoyo y las disensiones internas provocaron la detención final de Hidalgo y otros cabecillas y su ejecución en 1811. La idea subyacente del movimiento, no obstante, siguió latente y el liderazgo dejado por Hidalgo fue asumido de nuevo por un miembro del clero, el cura mestizo José María Morelos (1765-1815). Con él, la insurgencia se volvió más política: se promulgó una Constitución (Constitución de Apatzingán, 1814) y se hizo público un ideario consistente en la independencia de Nueva España, el fin del régimen colonial y la implantación de las medidas sociales ya adelantadas por Hidalgo. Este proyecto de nuevo Estado acabó con la victoria de las tropas realistas y la ejecución de Morelos (1815), aunque no sofocó todos los movimientos secesionistas (tropas de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria).

    El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo lanzó el «grito de Dolores», primer episodio de la independencia de México, momento recogido en la litografía de la imagen.

    Tras la revolución de Rafael del Riego en la península ibérica surgió la comunión de intereses entre los antiguos luchadores independentistas, que perseguían un claro contenido social, y las clases conservadoras del virreinato, que temían que la revolución liberal en España acabara con sus prerrogativas. Es en este contexto donde hay que entender el llamado Plan de Iguala –firmado por Vicente Guerrero y el brigadier realista Agustín de Iturbide– que afirmaba la independencia de Nueva España –aunque reconociendo todavía la monarquía de Fernando VII– y la organización de un nuevo Estado de base católica. Enfrentado ante tales hechos y sin apoyo entre las clases conservadoras, el virrey Juan Ruiz de Apodaca (1754-1835) se vio obligado a renunciar, siendo sustituido por el liberal Juan O’Donojú (1762-1821). Con él, México declaró su independencia el 28 de septiembre de 1821.

    La Capitanía General de Guatemala alcanzó la independencia en 1821, aunque al año siguiente se integró en el Imperio mexicano. La fotografía muestra una vista del Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala.

    La Capitanía General de Guatemala. La Capitanía General de Guatemala formaba parte del Virreinato de Nueva España, pero gozaba de gran libertad para la organización de un territorio que abarcaba desde Chiapas, al norte, hasta Costa Rica, en el sur. El aislamiento orográfico al que estaba sometida esta zona había impedido la extensión del movimiento revolucionario mexicano, y los frágiles conatos insurgentes (José Matías Delgado en El Salvador; Benito Miguelena en Nicaragua) habían sido fácilmente sofocados por el capitán general guatemalteco, quien gozaba del apoyo de las élites criollas, poco deseosas de perder sus privilegios.

    No obstante, tanto la revolución de Riego como el triunfo del Plan de Iguala acabaron convenciendo a estas mismas élites de unirse a la emancipación mexicana. De este modo, declarada la independencia en 1821, los territorios de la antigua Capitanía General se integraron en el Imperio mexicano, recientemente declarado por Iturbide. El fracaso del proyecto imperial, sin embargo, llevó a los liberales salvadoreños y costarricenses a declarar definitivamente su independencia y a formar, en 1823, un nuevo Estado: las Provincias Unidas de Centroamérica. Chiapas y Soconusco prefirieron mantenerse dentro de México.

    El Virreinato de Nueva Granada

    El Virreinato de Nueva Granada, de reciente creación (1717), fue el escenario a lo largo de todo el siglo XVIII de diferentes revueltas de carácter social (rebelión campesina de 1781, revueltas de esclavos negros) en todo su territorio. Esta intranquilidad favoreció la formación de juntas secretas criollas, que pasaron a actuar al descubierto, mediante la formación de Juntas de Gobierno, tras la renuncia de Fernando VII a la Corona en 1808.

    El apoyo de los criollos de Cartagena de Indias permitió a Simón Bolívar (en la imagen) formar un nuevo Ejército con el que proseguir las luchas emancipadoras.

    Las nuevas Juntas, sin embargo, no consiguieron unificar sus criterios de acción. En 1809, la Junta de Quito, constituida por criollos, lanzó una propuesta para la implantación de un régimen económico liberal que contemplaba, además, la definitiva abolición de la esclavitud y el fin de la servidumbre indígena. Rechazada la propuesta, Quito decidió actuar por libre: asegurándose primero cierta cobertura (deposición de miembros «dudosos» de la Administración, pacto de no intervención con el virrey del Perú), declaró en 1812 la creación de un nuevo Estado libre de corta duración (represión virreinal en noviembre).

    Mientras, en 1810, las Juntas criollas de Caracas y Santa Fe de Bogotá depusieron a los gobernadores y al virrey. Aunque en Caracas se justificó tal acción basándose en la defensa de los derechos legítimos de Fernando VII sobre los territorios, lo cierto es que significó de hecho la independencia de Nueva Granada. En 1811, la Junta caraqueña decretó la independencia de Venezuela, nombrando a Francisco de Miranda (1750-1816) como generalísimo de la república y encargando a Simón Bolívar la dirección de los ejércitos de Puerto Cabello. La respuesta realista tuvo lugar en 1812: Miranda fue apresado y Bolívar tuvo que huir hacia Cartagena de Indias, donde consiguió formar un nuevo ejército gracias al apoyo popular y criollo a sus propuestas («Manifiesto de Cartagena»). Tras la renovación de las campañas militares y la conquista de Caracas (1813), Bolívar declaró la independencia de la República de Venezuela. La resistencia realista no estaba, sin embargo, acabada, como demuestra la rápida recuperación de los territorios colombianos (toma de Cartagena de Indias y Bogotá entre 1815 y 1816) y la puesta en fuga del Libertador.

    En Bogotá, el movimiento independentista se veía frenado por la división en dos facciones –una defensora del modelo federalista, otra del modelo centralista– de la Junta Central, constituida en 1810. El definitivo triunfo de los centralistas de Antonio Nariño (1765-1823) en 1813 tuvo una escasa duración, ya que ese mismo año fue apresado por las tropas realistas, recuperadas de su flaqueza inicial, y enviado a España. El movimiento independentista sólo recuperaría nuevos bríos con el triunfo bolivariano en Venezuela (Congreso de Angostura y declaración de la formación de la Gran Colombia) y la alianza entre el Libertador y el nuevo líder colombiano, Francisco de Paula Santander (1792-1840). En agosto de 1819, la derrota de las tropas realistas en Boyacá y la entrada de los insurgentes en Santa Fe de Bogotá llevaron a la práctica los planes iniciales de Angostura: Simón Bolívar fue declarado presidente de la nueva república colombiana.

    Aunque la resistencia realista y las disensiones entre federalistas y centralistas siguieron existiendo, el proyecto republicano ya estaba bien consolidado. En 1821, el triunfo de Bolívar en Carabobo asentó la liberación de los territorios venezolanos, mientras que la promulgación de la Constitución de la Gran Colombia acabó otorgando el poder de forma definitiva a los centralistas, dirigidos desde la presidencia por Bolívar y con Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Poco más tarde, Panamá, que había llevado el proceso independentista por separado, se acabó uniendo a la Gran Colombia.

    Quedaba el territorio de Quito, donde los realistas habían sido capaces de mantenerse en el poder y sofocar la revuelta. Esta región sólo se incorporaría a la Gran Colombia en 1822, cuando la victoria de Antonio José de Sucre en Pichincha acabase con la resistencia realista. Nombrado presidente, Sucre apoyó la definitiva adhesión de los territorios quiteños al proyecto bolivariano.

    El Virreinato del Río de la Plata

    El recientemente creado Virreinato del Río de la Plata abarcaba las tierras de la Argentina, Uruguay, Paraguay y casi toda Bolivia. Su camino hacia la independencia había comenzado tímidamente en 1806, cuando la ineficacia de las tropas virreinales ante el ataque inglés contra Buenos Aires motivó la destitución del virrey Rafael de Sobremonte (1745-1827) y el nombramiento de Santiago de Liniers (1756-1810), capitán de las tropas criollas que habían rechazado la expedición inglesa, como capitán general y gobernador del virreinato.

    De la misma forma que el ataque británico había provocado un vuelco en la situación política del virreinato, las ambiciones brasileñas sobre el territorio del Río de la Plata, acentuadas con la abdicación de Fernando VII, llevaron a una nueva defenestración. En este caso, la víctima sería Liniers, quien sería destituido por las recientemente creadas Juntas de Buenos Aires, encabezada por Manuel Belgrano (1770-1820), y de Montevideo, liderada por Juan José Castelli (1764-1812).

    La situación, sin embargo, no había calmado los ánimos. El gobierno de las Juntas no fue aceptado por parte de las oligarquías criollas locales, quienes en mayo de 1810 tomaron el poder. A partir de entonces, se dieron una serie de pasos encaminados a legalizar el nuevo orden y a asegurar su existencia: reconocimiento de la monarquía de Fernando VII, pero con claras limitaciones a su soberanía sobre el territorio, y eliminación de posibles rivales políticos (ejecuciones del propio Liniers en 1810 y de los dirigentes propeninsulares en 1812).

    El triunfo de Simón Bolívar en la batalla de Carabobo (cuadro de la ilustración) propició la definitiva emancipación de Venezuela.

    La política centralista del cabildo bonaerense, liderado por Bernardino Rivadavia (1780-1845), no fue acatada por todas las regiones que constituían el virreinato. Para enero de 1813, el Gobierno de Rivadavia había sido sustituido por una Asamblea Constituyente con representantes de todo el virreinato, que acordó la definitiva constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, un Estado federalista a cuyo frente se situó José Gervasio Artigas (1764-1850).

    Asimismo, se reorganizaron los ejércitos debido a las derrotas que, sobre todo en el norte del territorio, estaban sufriendo las tropas de Belgrano. José de San Martín, experimentado en las guerras napoleónicas de la península ibérica, fue nombrado jefe del Ejército norte en sustitución del otrora líder del cabildo bonaerense. Sus exitosas campañas aseguraron la región de Tucumán para las Provincias Unidas e hicieron pensar en una extensión de la revolución emancipadora.

    Tras la deposición de Santiago de Liniers, Manuel Belgrano (en la imagen) accedió a la jefatura de la Junta de Buenos Aires.

    En ese contexto de continuo cambio y tensiones entre federalistas y centralistas, el virreinato acabó perdiendo su unidad territorial. En otoño de 1813, José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840), líder del movimiento criollo del Paraguay, declaraba la independencia del país; dos años más tarde, el antiguo presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Artigas, hacía lo mismo en Uruguay. Ante la consumación de los hechos, en 1816 las Provincias Unidas, en realidad reducidas a la Argentina debido al control del Perú sobre Bolivia y la invasión brasileña de Uruguay, declaraban finalmente la independencia respecto a la metrópoli.

    El Virreinato del Perú

    El Virreinato del Perú había vivido un final de siglo turbulento debido a las diferentes sublevaciones acaecidas en sus territorios, especialmente la liderada por José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru), saldada con la ejecución del insurgente en 1781. Aunque las rebeliones habían sido siempre sofocadas, la amenaza de las revueltas indígenas o esclavas contra los intereses de los potentados criollos había provocado que éstos fueran prorrealistas, dado que la monarquía –o, mejor dicho, las tropas profesionales del virreinato– era la única garantía para mantener intactas sus prerrogativas. Debido a esto, cuando en 1808 Fernando VII fue trasladado a Bayona, los criollos del Perú se apresuraron a rechazar cualquier cambio en la situación, aceptando la jurisdicción del virrey José Fernando de Abascal y Sousa (1743-1827).

    La intervención de José de San Martín resultó decisiva para la liberación de los países del Cono Sur americano.

    La situación fue diferente al sur del virreinato, donde los criollos chilenos formaron una Junta de Gobierno en 1810 que consiguió frenar los movimientos contrarrevolucionarios. Esta situación sólo fue revertida en 1814, cuando las tropas chilenas de Bernardo O’Higgins (1778-1842) fueron derrotadas en Rancagua, lo que provocó la reincorporación de facto de Chile al virreinato.

    Para entonces, el regreso de Fernando VII al trono español y la implantación de medidas absolutistas contrarias a los intereses liberales de los criollos habían modificado sustancialmente la situación en el Perú. Desprovista de sus derechos, la élite cusqueña buscó la alianza indígena e inició un breve camino hacia la emancipación (proclamación de Pucamahua, 1814), que fue de nuevo sofocado por las fuerzas virreinales (batalla de Viluma, 1815).

    Estos intentos insurgentes habían fracasado ante la capacidad económica y militar del Virreinato del Perú, sin duda el más poderoso de Sudamérica. Era este virreinato el que había mantenido cierta cohesión entre los territorios coloniales españoles a medida que se iniciaba la fragmentación del antiguo sistema virreinal: las tropas virreinales peruanas habían sofocado rebeliones en Nueva Granada e incluso llegaron a «conquistar» Bolivia tras el triunfo de la causa insurgente en Río de la Plata.

    Sin embargo, la rápida caída de los virreinatos sudamericanos dejó al Perú solo ante todos los movimientos independentistas. Así, el derrotado O’Higgins obtuvo el apoyo del jefe del Ejército norte argentino, José de San Martín, para reiniciar la campaña de Chile en 1817. Dos rápidas y contundentes victorias (Casas de Chacabuco, 1817, y Maipú, 1818) dejaron el camino expedito para los insurgentes, quienes consiguieron hacerse con Santiago, frenar la reconquista realista y asegurar la emancipación chilena. Bernardo O’Higgins fue designado presidente del país.

    Dos años más tarde, en 1820, San Martín, ahora con el apoyo de O’Higgins, inició la campaña peruana. Sus primeras victorias en el corazón del virreinato dieron un vuelco a la situación: grupos de criollos locales comenzaron a sumarse al movimiento independentista (tratados de Torre Tagle), mientras realistas e insurgentes iniciaban conversaciones para evitar la prolongación del sitio de Lima y la definitiva fragmentación del territorio (conferencia de Miraflores, 1820). El fracaso de dichas conversaciones y el aislamiento limeño facilitaron la proclamación de la independencia del norte del Perú en mayo de 1821.

    Los reveses realistas provocaron nuevas conversaciones (Punchanca) con las fuerzas de San Martín. Éste proponía crear una monarquía peruana independiente, pero con un familiar de Fernando VII como rey, propuesta que no sería aceptada por el nuevo virrey, José de la Serna. Sin embargo, la situación de Lima era ya desesperada y el 12 de julio de 1821, tras la rendición de las tropas realistas, San Martín entraba en la capital peruana. Días más tarde se proclamaba la independencia del país (28 de julio de 1821) y se ponía en marcha una serie de medidas conducentes a la abolición de la esclavitud y al fin de los tributos y prestaciones especiales que hasta entonces, caían sobre las poblaciones indígenas.

    Quedaba todavía por solucionar la cuestión de Guayaquil, ciudad conquistada por Bolívar en 1822 y pretendida por el Perú, y sofocar los últimos reductos de tropas realistas. El primero de estos temas fue solucionado mediante la entrevista de Guayaquil (22 de julio de 1822) entre San Martín y Bolívar, en la que se acordó que la ciudad cayera en manos peruanas a cambio de una serie de condiciones.

    La cuestión de las tropas realistas tuvo, sin embargo, otro cariz. Las reticencias de la oligarquía criolla de Lima a aceptar la dirección de San Martín, cuyas primeras decisiones tanto daño habían hecho a sus intereses económicos, llevaron al Protector a abandonar el cargo a finales de 1822 y dejar el gobierno en manos de un triunvirato –José de la Riva Agüero (1783-1858), Agustín Gamarra (1785-1841) y Andrés de Santa Cruz (1792-1865)– que representaba a las diferentes facciones oligárquicas limeñas. Las disensiones entre éstas permitirían que, en junio de 1823, las tropas realistas, a pesar de su debilidad, consiguieran reconquistar la ciudad.

    Serían Simón Bolívar y Antonio José de Sucre quienes pusieran fin al movimiento emancipador en Sudamérica. En 1824, el primero derrotó a los realistas en Junín y recuperó Lima, al tiempo que el segundo asestaba el golpe de gracia a las tropas monárquicas en Ayacucho. Con el territorio peruano totalmente libre de amenazas, Bolívar y Sucre encabezaron la expedición que daría la independencia definitiva al territorio boliviano (1825). Tras la victoria, Bolívar pasó a ocupar la presidencia de la Gran Colombia, el Perú y Bolivia.

    La independencia de Brasil

    La emancipación de la colonia portuguesa de Brasil no fue tan enquistada como la de los países dependientes del reino de España. Aunque también sufrió reformas parecidas a las borbónicas, en este caso a través del marqués de Pombal (1699-1782), el criollismo no vivía alienado del mundo portugués gracias a la integración de sus miembros tanto en la Administración colonial como en la corte lusa.

    Tras proclamar la independencia de Brasil en 1822, el regente Pedro asumió el poder de la nación con el nombre de Pedro I.

    Sin embargo, la invasión napoleónica de Portugal y el exilio de la corte lisboeta a Río de Janeiro (1808) cambió radicalmente el estatus de Brasil. Por una parte, el príncipe Juan (1767-1826) promulgó una serie de medidas destinadas a dotar a su país de acogida de la capacidad autónoma suficiente en materia económica y administrativa (levantamiento de trabas al comercio y a la producción), medidas que culminarían con el otorgamiento de la calidad de reino a Brasil en 1815. Por otra parte, la presencia de la antigua corte lisboeta en Brasil eliminó las posibilidades criollas de hacerse con puestos importantes en la Administración; dichos puestos quedaron copados por los que, junto al rey, habían marchado al exilio.

    En 1815, con la derrota de Napoleón, el príncipe Juan tuvo que hacer frente a la disyuntiva de trasladar de nuevo la corte a Portugal. Aunque aceptó la Corona portuguesa en 1816, todavía tardaría cinco años en marchar rumbo a Lisboa, tiempo que dedicaría a reorganizar el reino americano y a preparar la regencia de su hijo Pedro (1798-1834) sobre el territorio.

    En 1821 se produjo el regreso de Juan VI a Portugal y, durante la convocatoria de Cortes, se planteó el problema de qué hacer con Brasil: mantenerlo como reino o devolverlo al estatus de colonia. El decantamiento de las Cortes portuguesas por la segunda opción fue inmediatamente contestado por las élites criollas brasileñas, las cuales presionaron al regente para que se negase a tal decisión. El 7 de septiembre de 1822 el regente Pedro pronunció el discurso conocido como «Fico», en el cual anunció la independencia de Brasil. Al frente de este vasto nuevo imperio se situó él mismo, que con el nombre de Pedro I gobernó el país entre 1822 y 1831.

    La presencia española en América

    Con el fin del proceso emancipador en la América continental y la proclamación de la independencia de Santo Domingo en 1821, la presencia española se redujo a las islas de Cuba y Puerto Rico. En la primera de ellas se produjo un movimiento separatista en 1820 que fue sofocado con relativa facilidad; un segundo intento, llevado a cabo en 1868, también se saldó en fracaso: la isla todavía debería esperar treinta años para ver realizadas sus pretensiones.

    Cronología

    El proceso de independencia en Latinoamérica.