Protocolo de Kioto

    Los aerosoles que se utilizan en muchos productos de limpieza o cosméticos perjudican a la capa de ozono.

    El Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático es un acuerdo internacional suscrito en 1997 en esa ciudad japonesa a instancias de las Naciones Unidas, en virtud del cual los países signatarios se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en torno a un 5% en el periodo comprendido entre 2008 y 2012.

    Los más significativos gases causantes del efecto que motiva el cambio climático son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, aunque dentro del convenio quedaron encuadrados otros gases industriales también implicados en el proceso, como los hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, relacionados igualmente con el aumento del “agujero” en la capa de ozono atmosférico.

    Aunque de carácter vinculante, el protocolo tiene una fuerza de presión relativa, en tanto que países que se cuentan a la cabeza en las emisiones de gases de invernadero, como los Estados Unidos, China o la India, no lo han suscrito.

    Las principales áreas en las que el protocolo propone que se aborden medidas son el suministro el energético, con preferencia por energías renovables como la solar, la hidroeléctrica, la eólica o la geotérmica; el desarrollo de nuevos combustibles de origen biológico, los llamados biocombustibles, que puedan combinarse con gasolinas y gasóleos; la expansión de las redes ferroviarias y las de transporte público; la gestión de emanaciones industriales y la generalización de los planes de reciclaje de residuos y de mejora del aprovechamiento energético, tanto en la industria como en el ámbito doméstico.

    Complementario del Protocolo de Kioto es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas inglesas), constituido en 1988 también bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, y que en 2007 evaluó el costo económico de las medidas tendentes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, situándolo en torno al 0,12% del producto interno bruto (PIB) mundial hasta el año 2030. La no aplicación de las medidas supondría en cambio un costo del 3% del PIB planetario.