El mundo político

Ya en la antigüedad clásica, el filósofo griego Aristóteles señaló que el ser humano era eminentemente un zoon politikon (en griego, «animal político»). Con independencia del mayor o menor interés de las personas por la política, esta actividad afecta a la vida de todas ellas mucho más de lo que con frecuencia se imaginan.

El ejercicio político es inherente a la naturaleza del hombre, siendo desde los tiempos más remotos tanto una fuente inagotable de conflictos como un mecanismo eficaz para resolverlos. El ordenamiento legal y el político representan, junto con la estructura económica, los cimientos de cualquier sociedad. La proliferación de las organizaciones internacionales desde mediados del siglo pasado ha supuesto asimismo el nacimiento de una legalidad internacional, una de las señas de identidad de la globalización.

Conceptos básicos

Poder, legitimidad, autoridad y liderazgo son conceptos básicos a la hora de emprender el estudio del fenómeno político. Pese a que estos términos están muy relacionados entre sí, y en ciertos casos sólo se diferencian en cuestiones de matiz, cada uno de ellos tiene un perfil propio.

Poder. Puede definirse el poder como la capacidad para hacerse obedecer dentro de un determinado grupo o colectivo humano, o bien para intervenir en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar a dicho colectivo. Generalmente, detrás del poder está siempre la amenaza de ejercicio de la fuerza. No obstante, también existe un poder «blando», que es aquel que no necesita de la fuerza para afirmarse ya que se fundamenta en la tradición o en la reputación o carisma de quien lo ejerce. En este caso, el poder se funda en realidad en la legitimidad.

Legitimidad. En política se habla de legitimidad cuando el poder es aceptado sin coacción por los integrantes de un grupo. A mayor legitimación, menor necesidad tendrá el poder de recurrir a la fuerza para imperar en una sociedad. Tradición y reputación son las principales fuentes de legitimidad pero también hay otra nada desdeñable: el desempeño o rendimiento del poder. Lo cierto es que siempre obtendrá una mayor legitimidad un régimen con buenos resultados organizativos y económicos, caso de las democracias occidentales, que otro asociado al desorden y la pobreza, como puede ser el caso de muchos regímenes propios de países subdesarrollados.

Autoridad. La autoridad puede ser definida como la capacidad de una persona o colectivo para que sus opiniones o indicaciones sean aceptadas por las demás. Se basa en la confianza o crédito de quien la exhibe, vinculada a unos méritos o a un prestigio ampliamente reconocidos. La autoridad está pues muy relacionada con la legitimidad con la salvedad de que suele hacer referencia a una legitimidad institucionalizada y que por tanto, no depende de la tradición, reputación o carisma sino de la ley.

Liderazgo. El liderazgo hace referencia a la condición de líder, es decir, a la capacidad de una persona para ser reconocida como orientadora o jefa de un determinado colectivo. Ello hace que el grupo siga las pautas del líder, a veces, en los casos de liderazgo muy fuerte –propio de las sectas–, de manera ciega e irracional. Para el ejercicio real del poder, el liderazgo es una condición imprescindible.

La ley

Parlamento de Budapest y monumento A la Justicia, escultura de Alfredo Ceschiatti erigida en Brasilia. Los Parlamentos promulgan las leyes, que se configuran como normas de regulación del entramado social.

Parlamento de Budapest y monumento A la Justicia, escultura de Alfredo Ceschiatti erigida en Brasilia. Los Parlamentos promulgan las leyes, que se configuran como normas de regulación del entramado social.

La ley es un precepto que ordena o prohíbe alguna cosa, supuestamente de conformidad con la justicia y el bien de los ciudadanos; es necesario hacer esta presunción, ya que no todas las leyes son necesariamente justas. Toda ley supone, por tanto, la limitación o prohibición de ciertas acciones. Está dictada por una persona o entidad competente a la que se reconoce autoridad y legitimidad. En una democracia, esa autoridad competente es el poder legislativo o Parlamento. No hay que confundir legitimidad con legalidad, ya que esta última sólo hace referencia a la conformidad de una acción o conducta con las leyes y normas vigentes. Una acción puede ser justa o legítima pero ilegal: por ejemplo, la denuncia pública de la tortura en un régimen dictatorial que penaliza la libertad de expresión.

Tipos de leyes

Las leyes pueden dividirse en dos grandes grupos: las naturales, que conforman el derecho natural, y las positivas, que componen el derecho positivo. El primero está integrado por un conjunto de normas elementales de justicia y buena conducta (no matar, no robar, etc.), consideradas comunes a toda la humanidad desde los orígenes de la especie. Se denomina natural porque se entiende propio de la naturaleza de todo ser humano y de su finalidad en el mundo. El derecho natural es anterior a toda ley, por lo que no está escrito ni recogido en ningún lugar.

El derecho civil regula los deberes y los derechos de los ciudadanos en relación con el resto de la sociedad. En la imagen, vista de un juicio ordinario.

Por el contrario, el derecho positivo es el plasmado en el cuerpo de leyes y de normas que las distintas sociedades y naciones se han dado a sí mismas. A diferencia del derecho natural, está recogido expresamente en las leyes o regulaciones legales reconocidas por los poderes públicos. No obstante, hay que señalar que casi todo el derecho natural se ha convertido en derecho positivo merced a su traducción en leyes. Por ejemplo, la prohibición de matar a otras personas –común a todas las sociedades y culturas, aunque con diferentes matices– es un elemento del derecho natural que se ha incorporado a los códigos legales de todos los países del mundo.

Derecho civil y penal. Dentro del derecho positivo se distinguen dos grandes ramas: el derecho civil y el derecho penal. Las leyes civiles definen los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en relación con los demás y con el conjunto de la sociedad. Abarcan un abanico muy amplio de cuestiones, desde las condiciones de un contrato de alquiler hasta la satisfacción de una deuda o la regulación del divorcio. Entre las ramas del derecho civil están el laboral (centrado en las relaciones entre empresarios y trabajadores) y el mercantil (que regula las relaciones económicas).

En la imagen, momento del juicio contra el estadounidense John Allen Mohamed, acusado del asesinato de diez personas. El derecho penal es el que sanciona los delitos. Según la gravedad de éstos las penas pueden ser muy severas.

Por su parte, las leyes penales se encargan de tipificar y de sancionar los delitos. Se considera delito a una infracción de la ley sancionada con una pena grave. Las infracciones sancionadas con penas leves no tienen la calificación de delito, sino de falta. El que un hecho sea considerado falta o delito depende de la legislación penal de cada país. Los delitos pueden ser clasificados en función de su daño para la víctima y la sociedad: desde los menos graves, punibles con unos pocos años de cárcel, hasta los más graves, caso de las violaciones y asesinatos entre otros, punibles con privación de libertad de muchos años e incluso con la ejecución en algunos países.

Derecho público. En otro orden se encuentra el derecho público, el conjunto de leyes relativas a la organización estatal y a las relaciones del Estado con los ciudadanos. Dentro del derecho público se encuadran el derecho administrativo, que regula tanto el funcionamiento de la administración como las relaciones de ésta con los ciudadanos; el derecho fiscal, referido a los impuestos y a sus técnicas de recaudación; el derecho constitucional, que define la estructura del Estado y las relaciones entre los poderes públicos, y el derecho internacional público, encargado de la regulación de las relaciones entre Estados.

Por otro lado, el derecho internacional privado tiene como cometido resolver los conflictos entre personas pertenecientes a naciones diferentes. Otra rama legal de importancia es el derecho canónico, relativo a la organización de la Iglesia católica y a las relaciones entre ésta y sus fieles.

Las Constituciones

La Constitución o Carta Magna es la ley fundamental sobre la que se asienta la estructura política de un Estado. Las Constituciones de los modernos países democráticos comprenden una definición del sistema político, así como una relación de los distintos derechos y deberes de los ciudadanos. También recogen las responsabilidades de cada uno de los poderes públicos.

Las Constituciones democráticas reconocen plenamente el principio de división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial, como se verá más adelante). En ellas se regulan los distintos estados políticos de excepción (por ejemplo, el estado de sitio), reservados para casos de fuerte convulsión interna que puedan poner en peligro la democracia.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (imagen superior), promulgada durante la Revolución francesa, es un claro precedente de las modernas constituciones democráticas. Hoy día, el respeto a los derechos humanos es objeto de un continuo seguimiento. En la foto inferior, Conferencia de Derechos Humanos promovida por las Naciones Unidas.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (imagen superior), promulgada durante la Revolución francesa, es un claro precedente de las modernas constituciones democráticas. Hoy día, el respeto a los derechos humanos es objeto de un continuo seguimiento. En la foto inferior, Conferencia de Derechos Humanos promovida por las Naciones Unidas.

El propio texto constitucional contempla los procedimientos para proceder a su reforma. Estos procedimientos suelen requerir mayorías reforzadas –por ejemplo, el voto de dos tercios del Parlamento– y otras garantías adicionales como la realización de un referéndum popular para que los ciudadanos refrenden las reformas. Todo ello pretende dar la mayor estabilidad posible a la Carta Magna, cuyo horizonte temporal debería ser al menos de una o dos generaciones de ciudadanos. Puede señalarse a este respecto el caso de los Estados Unidos, país que sigue conservando, aunque ampliada con sucesivas enmiendas, su Constitución originaria de finales del siglo XVIII. Otro caso singular es el representado por el Reino Unido, país que carece de una Constitución como tal ya que su ordenamiento constitucional se basa en una serie de prácticas legislativas, decisiones judiciales y declaraciones de derechos.

Los derechos humanos

Aunque existen algunos antecedentes en la historia, los derechos humanos –tal como se entienden en Occidente– tienen su origen en la Ilustración. Entonces, en el llamado «siglo de las luces» (el siglo XVIII), se estableció en Europa y en los Estados Unidos el principio de que determinados derechos individuales eran inalienables: o sea, que nadie, ni siquiera los propios Estados, debía interferir en ellos.

Dichos derechos son los que hoy en día se conocen como derechos humanos, los cuales se definen como aquellos que tienen las personas por el mero hecho de serlo. En este sentido, el derecho a la propia vida y a la libertad tienen la consideración de derechos humanos fundamentales de la misma forma que también se incluyen en esta categoría el derecho a la privacidad, a la seguridad y a la propiedad privada. A estos derechos individuales básicos se les ha añadido modernamente otros de contenido social considerados también fundamentales: el derecho a la alimentación, a una vivienda decente, a un puesto de trabajo digno, a recibir prestaciones educativas y sanitarias, etc.

En 1948, pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas adoptaron una Declaración Universal de los Derechos Humanos que sigue siendo el marco común de referencia a este respecto. Este documento incluye, además de los derechos individuales fundamentales y de los sociales, los llamados derechos colectivos. Entre éstos destaca el derecho a la autodeterminación política, económica, social y cultural de los pueblos; hay que tener en cuenta que, cuando se aprobó la Declaración Universal, todavía existía un buen número de países colonizados por las potencias europeas.

De la propia definición de derechos humanos se desprende que éstos son universales: todas las personas tienen los mismos derechos con independencia de su sexo, edad, raza, religión, etc. El que sean inalienables no significa que sean absolutos, ya que pueden estar limitados en atención al bien común o para asegurar los derechos de las demás personas.

La organización del Estado

La monarquía es un sistema de organización del Estado en el que el poder (más representativo que político en las modernas monarquías constitucionales) recae en una persona, el rey, que lo ejerce de forma vitalicia y lo transmite por herencia a su descendiente. La imagen muestra a los monarcas de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, durante los actos de la celebración de la boda del príncipe Felipe de Borbón con doña Letizia Ortiz.

Las leyes, y especialmente las constituciones, recogen lo que se podía denominar como las «reglas del juego» del Estado, es decir, su organización y funcionamiento. Existen distintas formas de organización estatal, de los que la historia ha ofrecido numerosos ejemplos. Tradicionalmente se dividen en tres grandes grupos: monarquía, república y tiranía.

Monarquía. En una monarquía, es un príncipe o rey quien ostenta la jefatura del Estado. Las monarquías suelen ser vitalicias y hereditarias, por lo que están vinculadas a un determinado linaje de la nobleza. Una monarquía absoluta es aquella en la que el monarca ejerce un poder total e ilimitado. Este régimen suele basar su legitimidad en una supuesta relación directa del monarca con Dios (incluso en el carácter divino del propio rey). Ejemplo típico de monarquía absoluta es el representado por el régimen de Luis XIV, el llamado rey Sol, en Francia.

No obstante, la forma de gobierno monárquica puede ser compatible con la democracia. La monarquía constitucional es aquella en la que la autoridad del rey está limitada por una Constitución. Por su parte, la parlamentaria, propia de naciones desarrolladas como el Reino Unido, España o los Países Bajos, es una modalidad de monarquía constitucional en la que el Gobierno de una nación es responsable ante el Parlamento.

República. En un sistema republicano, la jefatura del Estado está ocupada por una persona sin legitimidad monárquica o divina. Este tipo de régimen data de la antigua Roma, donde sucedió a la monarquía y antecedió al imperio. En la Edad Media fue el sistema político adoptado por la aristocrática ciudad-estado de Venecia.

En el sistema republicano, la jefatura del Estado recae en el presidente sólo por un tiempo determinado, que viene regulado por la Constitución nacional. Por esta forma de gobierno, actualmente mayoritaria entre los países del planeta, se rigen todas las naciones latinoamericanas. La imagen muestra una reunión de varios de sus presidentes durante una sesión de Mercosur.

Aunque las repúblicas han sido comúnmente idealizadas como los sistemas democráticos por excelencia, es necesario introducir en esta idea una serie de matices. El concepto de república como forma de gobierno intrínsecamente democrática nació cuando en Europa y los Estados Unidos se cuestionaron el poder de las monarquías absolutas; si no existía la figura del monarca, se pensaba, acabaría la «tiranía» que éste representaba. Sin embargo, la historia ha demostrado que la mayoría de las dictaduras se configuran como repúblicas no democráticas en las que el jefe de Estado se impone al pueblo por la fuerza y no de forma libre en las urnas. Ello quiere decir que las repúblicas serán democráticas siempre y cuando el jefe de Estado sea elegido sin coacciones por los ciudadanos con derecho a voto.

El sistema republicano estadounidense (en la imagen el Capitolio de la nación, en Washington) es de tipo presidencialista, modalidad que otorga un papel político esencial al presidente del país.

Por otra parte, existen dos tipos de república democrática: la presidencialista y la parlamentarista. La diferencia entre uno y otro tipo estriba en si el presidente tiene más poderes que el Parlamento o viceversa. Los Estados Unidos son un ejemplo de república presidencialista, mientras que Italia encarna un modelo republicano parlamentarista ya que en ella, la figura del presidente es fundamentalmente de tipo simbólico.

Tiranía. En la antigua Grecia, el tirano era aquella persona que ejercía el poder absoluto sobre una ciudad. Esta posición no tenía por qué ser obtenida contra la voluntad de la población ya que a veces, la mayoría de los ciudadanos otorgaban el poder a una persona para que solucionase los problemas del momento.

Retratos de John Locke (arriba) y del barón de Montesquieu (abajo). Aunque el primero señaló la distinción entre las funciones ejecutiva y legislativa, es al segundo a quien se debe la separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Retratos de John Locke (arriba) y del barón de Montesquieu (abajo). Aunque el primero señaló la distinción entre las funciones ejecutiva y legislativa, es al segundo a quien se debe la separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

En el mundo moderno, sin embargo, la tiranía se manifiesta como dictaduras o regímenes totalitarios, es decir, en formas de poder impuestas a la fuerza sobre la ciudadanía. En cualquier caso, conviene distinguir entre dictadura y totalitarismo aunque para algunos especialistas, la distinción no sea demasiado sustancial. Un régimen totalitario (caso del nazismo o del comunismo) no deja de ser un tipo de dictadura pero en ella el control de los ciudadanos es más intenso y se extiende a todos los ámbitos de la vida pública. Mientras que en teoría, el dictador sólo busca ostentar el poder y controlar ciertos aspectos nacionales, el régimen totalitario nace de una ideología y busca reformar y organizar de una nueva forma a la sociedad.

La separación de poderes

Para que un Estado se configure democráticamente, no basta con que los ciudadanos acudan cada cuatro o más años a las urnas y elijan a su presidente o primer ministro. Si las democracias sólo se redujeran a eso, al derecho al voto, éste se podría convertir en un mero «cheque en blanco» para los candidatos. Las democracias necesitan que además, existan una serie de controles internos que obliguen a los máximos dirigentes políticos a respetar las leyes que marcan la vida en democracia. Estos controles internos se plasman en lo que se conoce como la separación de poderes.

Ya en el siglo XVIII, el filósofo inglés John Locke hizo una distinción entre las funciones ejecutiva y legislativa. No obstante, la idea de la separación efectiva de poderes (entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial) fue propugnada por vez primera en la centuria siguiente: quedó recogida en el ensayo El espíritu de las leyes, obra del barón francés de Montesquieu. La idea de Locke y Montesquieu pretendía impedir la acumulación de poderes en una sola mano y, de ese modo, impedir cualquier intento de ejercer un poder tiránico y salvaguardar la libertad y la democracia. Este principio no tardó en convertirse en uno de los principales de las constituciones modernas, empezando por la de los Estados Unidos.

El poder legislativo. El poder legislativo es el depositario de la soberanía popular. Esto es así porque sus miembros son los representantes libremente elegidos por el pueblo, en quienes éste delega su soberanía. Los Parlamentos democráticos son pues la expresión de la voluntad popular manifestada en las urnas.

La principal función del legislativo es la de proponer, debatir y aprobar las leyes. Por otra parte, se encarga de controlar la acción del Gobierno. Este control se lleva a cabo mediante preguntas parlamentarias, solicitudes de comparencia de los miembros del Gobierno, proposiciones no de ley (propuestas para que el Gobierno emprenda acciones en algún sentido), etc. Las formas más extremas de control son las mociones de censura o de confianza, que otorgan a una mayoría de diputados la facultad de forzar la dimisión de un Gobierno.

Los Parlamentos nacionales pueden ser unicamerales o bicamerales. En la imagen superior, Asamblea Nacional de la República del Congo, única cámara legislativa del país. La foto inferior muestra un debate de los lores británicos, que constituyen el Senado o Cámara Alta del Reino Unido.

Los Parlamentos nacionales pueden ser unicamerales o bicamerales. En la imagen superior, Asamblea Nacional de la República del Congo, única cámara legislativa del país. La foto inferior muestra un debate de los lores británicos, que constituyen el Senado o Cámara Alta del Reino Unido.

Los Parlamentos unicamerales sólo constan de una cámara (Congreso, Asamblea Legislativa o Cámara de Representantes), cuyos escaños están ocupados por un determinado número de congresistas o diputados elegidos en sus respectivas circunscripciones o territorios, por lo general, por un periodo de cuatro años. Los Parlamentos bicamerales cuentan con un Congreso (Cámara Baja) y un Senado (Cámara Alta). La principal función del Senado es refrendar, a través de una segunda lectura, las decisiones tomadas por el Congreso. En la mayoría de los regímenes federales, el Senado es una cámara de representación de los territorios o estados federados: todos ellos tienen igual número de representantes, con independencia de su población. No ocurre lo mismo con el Congreso, donde cada territorio o circunscripción tiene derecho a elegir un número de diputados que está en función de su población.

El poder ejecutivo. El Gobierno representa al poder ejecutivo. Al frente de éste hay un presidente o primer ministro que se encarga del nombramiento y cese de los ministros de cada ramo (interior, asuntos exteriores, defensa, economía, etc.). El presidente de Gobierno o primer ministro dirige las reuniones periódicas, habitualmente semanales, del Consejo de Ministros. Éste es un órgano deliberante en el que se toman las principales decisiones del ejecutivo. Las deliberaciones dentro del Consejo de Ministros son secretas, y supuestamente se toman por consenso.

El jefe del ejecutivo tiene también como cometido marcar las directrices generales de la política nacional, y representar al país en el extranjero. Cuenta con la facultad de disolver el Parlamento y convocar elecciones, tanto en el plazo estipulado (por lo común cuatro años) como de manera anticipada (cuando considere, por ejemplo, que ha perdido la confianza parlamentaria).

Otras funciones reconocidas constitucionalmente al ejecutivo son la ejecución de las leyes, la planificación de las políticas nacionales, el mando sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y la elaboración de los presupuestos del Estado (aunque éstos deben ser aprobados por el Parlamento). También tiene reconocida en las modernas democracias la capacidad de iniciativa legislativa. Mediante ésta, el Gobierno tiene la facultad de elaborar proyectos de ley y remitirlos al Parlamento para lograr su aprobación.

Los presidentes de los países desarrollan su labor en estrecha colaboración con el resto del gabinete. La imagen muestra al presidente de Irán, Mohamed Jatami, flanqueado por dos de sus ministros poco antes de finalizar su mandato.

Al lado del presidente del Gobierno o primer ministro suele haber un vicepresidente, quien se encarga de la coordinación de las distintas áreas políticas y lo sustituye en caso de ausencia por viaje o enfermedad. Por debajo de los ministros se encuentran las figuras de los viceministros, secretarios de Estado, subsecretarios, etc., quienes conforman la cabeza del aparato administrativo del Estado. A medida que se desciende en la pirámide de la administración pública, el perfil de los puestos tiende a ser más técnico, propio de funcionarios especializados en sus respectivos ámbitos, que político. De modo que un cambio de Gobierno sólo trae consigo un cambio de las personas que detentan los altos cargos pero no de los funcionarios que se encuentran por debajo y conforman la base administrativa.

Para asegurar la correcta administración de la justicia, el poder judicial ha de ser completamente independiente del ejecutivo de la nación.

En los países democráticos, el Gobierno emana del Parlamento. Esto significa que se encargan de formar Gobierno las fuerzas políticas que tienen mayoría parlamentaria. Sin embargo, si un partido es mayoritario pero no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento (la mitad más uno de los escaños), puede verse desplazado del poder por una coalición de partidos cuya suma represente más escaños. El presidente del Gobierno es pues investido por el Parlamento, ante el cual el ejecutivo es plenamente responsable.

En algunas repúblicas presidencialistas (caso de los Estados Unidos o de Chile), las figuras del jefe de Estado y del primer ministro se funden en una sola. No es el caso de otras repúblicas presidencialistas como Francia ni de las monarquías y de las repúblicas parlamentarias, donde la jefatura de Estado recae sobre el monarca o el presidente de la república mientras que la dirección del ejecutivo es responsabilidad del primer ministro (en algunas monarquías como la española, el primer ministro recibe el nombre de presidente).

El poder judicial. La tercera pata de la estructura política de los Estados modernos es el poder judicial. La plena independencia de la justicia es un elemento fundamental para el funcionamiento de la democracia, de ahí que se reconozca el derecho –y asimismo el deber– de los jueces a desempeñar su trabajo con plena autonomía y sin ningún tipo de interferencia política. En algunas naciones, como los Estados Unidos, los jueces son elegidos por los ciudadanos mientras que en otras, como España, se trata de funcionarios que acceden al puesto por oposición.

La administración de justicia tiene una estructura piramidal no jerárquica, ya que los jueces no están subordinados a nadie en el ejercicio de su trabajo: son plenamente soberanos en sus respectivas jurisdicciones. En la base del sistema están los tribunales menores, encargados de resolver en primera instancia la mayor parte de los asuntos judiciales. Las resoluciones de estos tribunales pueden ser recurridas ante tribunales de segunda instancia. El Tribunal Supremo es la última instancia a la que se puede recurrir: sus decisiones son inapelables, salvo que se acuda al Tribunal Constitucional. Este último se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de resolver cualquier duda acerca de la correcta interpretación de un principio o texto de la Constitución. En algunos países, el Tribunal Supremo y el Constitucional están unificados. Aunque se les presupone su independencia, los miembros de estos altos tribunales son generalmente nombrados a instancias del Parlamento.

Tribunal Constitucional de la India, en Nueva Delhi. La misión de estos tribunales es dirimir cualquier litigio sobre temas constitucionales.

Dentro de la administración de justicia hay que señalar al ministerio fiscal, aunque éste es un órgano dependiente del Gobierno que no se encuadra propiamente en el poder judicial. Su cometido es actuar como acusación pública en defensa de los intereses de los ciudadanos, del Estado y del conjunto de la sociedad. El ministerio fiscal cuenta con una estructura jerárquica, al frente de la cual se encuentra un fiscal general. Éste se encarga de impartir pautas a los distintos fiscales, quienes están obligados a seguirlas (a diferencia de los jueces, los fiscales sí están subordinados en el ejercicio de sus tareas). En algunos países como los Estados Unidos, el cargo de fiscal general se corresponde con el de ministro de justicia.

Sistemas electorales y participación

El procedimiento empleado para traducir los votos de los ciudadanos en número de escaños parlamentarios determina la diferencia entre los sistemas electorales. Éstos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: proporcionales y mayoritarios. Los sistemas proporcionales reparten los escaños de manera proporcional al número de votos obtenidos en cada circunscripción (división electoral de un territorio). Los sistemas mayoritarios, caso típico del Reino Unido, sólo otorgan escaños a los vencedores en cada circunscripción. Por su naturaleza, el sistema mayoritario tiende a marginar a los partidos minoritarios y a otorgar mayorías absolutas. En el Reino Unido podría darse el caso de que un partido lograra todos los escaños del Parlamento obteniendo sólo un voto más que su rival en cada una de las circunscripciones. También podría ocurrir que un partido tuviese más escaños que otro pese a tener un menor número de votos totales. Por el contrario, el sistema proporcional tiende a representar más fielmente la diversidad política de una circunscripción. No obstante, para evitar una excesiva dispersión, suele establecer un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional para poder acceder a un escaño (por lo general, entre un 3% y un 5%). En los países donde se celebran elecciones presidenciales suele fijarse una segunda vuelta si en la primera el ganador no ha superado la cota del 50%. En la segunda vuelta sólo concurren los dos candidatos más votados en la primera.

En los votos de los ciudadanos reside la legitimidad democrática de los gobiernos. La fotografía muestra un momento de unos comicios celebrados en Guatemala.

Los mecanismos de participación electoral también pueden ser diferentes. Para empezar, en algunas naciones el voto es obligatorio, de modo que la abstención está penalizada legalmente. Además, las listas electorales pueden ser abiertas –los electores pueden optar por una combinación de candidatos de diferentes partidos– o cerradas –los electores sólo pueden votar a listas de candidatos confeccionadas por los propios partidos–. Dentro de las listas cerradas hay que diferenciar asimismo entre listas bloqueadas, en las que el votante no puede alterar el orden de los candidatos de la lista, y no bloqueadas, que permiten al votante modificar dicho orden a la hora de depositar su voto.

Los niveles institucionales

Las sociedades complejas no pueden ser administradas exclusivamente por los miembros que integran el poder ejecutivo. Para asegurar la coexistencia pacífica de los individuos que componen dicha sociedad y garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, es necesario contar con un elemento integrador que cohesione el poder político, el territorio y la población de un país. Dicho elemento integrador, compuesto básicamente por la administración, la hacienda y las fuerzas armadas, es el Estado.

La estructura del Estado cuenta con distintos niveles, en función de su mayor o menor cercanía a los ciudadanos o administrados. El nivel básico es el local; por encima de éste se encuentra el regional y a continuación el nacional. En la actualidad, sin embargo, es posible hablar de un escalón superior al nacional que sería el representado por las organizaciones internacionales, especialmente aquellas a las que se les cede parte de la soberanía de un país.

El nivel local. El centro del nivel local de gobierno son los municipios o ayuntamientos, con sus alcaldes al frente. En los municipios de cierto tamaño existen unidades administrativas menores, vinculadas a los distintos barrios o distritos. A veces, dos o más municipios limítrofes se mancomunan en concejos u otras entidades para prestar servicios comunes como, por ejemplo, la recogida de basuras. Las tareas básicas del nivel local de gobierno son las más próximas a los ciudadanos: el mantenimiento de las infraestructuras urbanas (aceras, alumbrado público, parques, redes de saneamiento, etc.), la gestión del transporte en el ámbito municipal, los servicios públicos de información y de bibliotecas o los servicios de limpieza y recogida de basuras, son algunas de las funciones básicas que deben ser llevadas a cabo desde este nivel.

El nivel regional. Está representado por las provincias o regiones, unidades territoriales que se sitúan entre el municipio y el Estado. Dependiendo de la configuración político-administrativa de cada país, estas entidades regionales tendrán un mayor o menor grado de autonomía: así, en países como los Estados Unidos y México, las regiones se constituyen como Estados dentro del Estado (federalismo) y asumen muchas de las obligaciones –sanitarias, educativas, etc.– para con la ciudadanía. En los países centralizados como Francia, las regiones apenas poseen responsabilidades políticas y sólo actúan como administradoras de los recursos y políticas del Estado central.

Los Gobiernos estatales encarnan la representación política de nivel nacional aunque la máxima representatividad política se alcanza en el nivel internacional, que regula la relación entre estados agrupados bajo una misma organización. La imagen superior, muestra el palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, sede del Gobierno chileno y, a la inferior, reunión de los 25 países de la Unión Europea celebrada en Roma.

Los Gobiernos estatales encarnan la representación política de nivel nacional aunque la máxima representatividad política se alcanza en el nivel internacional, que regula la relación entre estados agrupados bajo una misma organización. La imagen superior, muestra el palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, sede del Gobierno chileno y, a la inferior, reunión de los 25 países de la Unión Europea celebrada en Roma.

El nivel nacional. Éste es el marco de acción de los Gobiernos estatales. Funciones tradicionalmente reservadas al Estado son la emisión de moneda, el mantenimiento del orden interno, la defensa nacional y las principales políticas económicas (comercial, fiscal y monetaria). En los Estados centralistas, por su propia naturaleza, las competencias del nivel nacional son muy numerosas mientras que, por el contrario, en los Estados descentralizados o federales muchas competencias son asumidas por las entidades regionales.

El nivel internacional. En el análisis de este último nivel hay que tener presente la diferencia existente entre organizaciones internacionales y supranacionales. En estas últimas, los Estados miembros ceden voluntariamente parte de su soberanía al ente superior. Consecuencia de esa cesión de soberanía es que una organización supranacional –la Unión Europea (UE) es un ejemplo típico– asume competencias exclusivas en algunas materias como la política agrícola, la comercial y la monetaria. En las organizaciones internacionales, a diferencia de las supranacionales, no existe cesión alguna de soberanía: funcionan sobre la base de la cooperación entre sus miembros tal y como ocurre con las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los actores políticos

En una democracia avanzada, los actores políticos son los propios ciudadanos, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y un amplio abanico de organizaciones no gubernamentales (movimientos vecinales, asociaciones de consumidores, grupos religiosos, organizaciones ecologistas, etc.). Todos ellos pretenden, cada uno en su ámbito y en función de sus respectivos intereses, influir en la toma de decisiones políticas. El conjunto de estas organizaciones, exceptuando a los partidos políticos, conforma la llamada sociedad civil.

Los partidos políticos. Como titulares de la soberanía, los ciudadanos delegan periódicamente ésta –cada vez que votan– en los representantes políticos que merecen su confianza. Aunque existen políticos independientes, sobre todo en el ámbito local, la mayor parte de ellos pertenece a algún partido. Lo cierto es que la democracia moderna es un sistema basado en los partidos políticos, formaciones que expresan la pluralidad ideológica de la sociedad y ofrecen una plataforma para la defensa y aplicación de las distintas ideas.

Barco de Greenpeace en aguas de la Antártida. Esta organización no gubernamental vela por la conservación de los recursos naturales de la Tierra.

Tradicionalmente se clasifica a los partidos políticos en tres grandes grupos: izquierda, centro y derecha. Esta clasificación se presta a muchos matices, ya que puede hablarse de un centro-derecha (democristianos y liberales), un centro-izquierda (socialdemócratas), una extrema derecha (fascismo) y una extrema izquierda (comunismo y anarquismo). Además, algunas formaciones políticas como las nacionalistas, se resisten a ser clasificadas conforme a este criterio. En casi todos los países desarrollados, la mayoría del electorado gravita en torno al centro político: los partidos mayoritarios son pues de centro-derecha o centro-izquierda.

Según la estructura de partidos de una democracia, puede hablarse de sistemas bipartidistas –el mejor ejemplo es el ofrecido por los Estados Unidos, donde se alternan en el poder los partidos republicano y demócrata– o multipartidistas, donde la presencia de numerosos partidos da más juego a los pactos o coaliciones de diferente signo. Por otra parte, los sistemas de partido único son propios de regímenes no democráticos, en particular de los comunistas (en China y Cuba, el Partido Comunista sigue siendo el único autorizado).

Sindicatos y organizaciones empresariales. Los sindicatos se encargan de representar a los trabajadores y de defender sus derechos, mientras que las organizaciones empresariales hacen lo propio con respecto a sus afiliados y sus intereses. El diálogo entre ambos, para negociar subidas de salarios o cualquier otro aspecto de índole laboral, es una práctica frecuente en las sociedades avanzadas.

Dado que en la actualidad el Estado moderno ha asumido fuertes competencias en los terrenos económico y laboral, sindicatos y empresas juegan un papel importante como interlocutores políticos. Los sindicatos suelen estar más próximos a los partidos de izquierda, debido a que suelen ser éstos los que pretenden implantar medidas sociales que ayuden y protejan a los trabajadores; por su parte, las organizaciones empresariales se muestran más proclives a los de derecha y especialmente a los liberales, es decir, a aquellos que pretenden recortar el papel regulador del Estado en materia económica.

Organizaciones no gubernamentales. Hay que subrayar el creciente protagonismo de las organizaciones no gubernamentales desde la última década del siglo pasado. Éstas cuentan con un número cada vez mayor de afiliados y simpatizantes, lo que supone unos mayores recursos financieros y una mayor influencia política y social. Este auge ha hecho que los partidos políticos empiecen a estar muy atentos a sus demandas, para incorporarlas a sus programas y lograr así ampliar sus bases electorales.

Ideologías actuales

Algunas de las ideologías políticas actuales son:

Anarquismo. Movimiento que defiende la desaparición del estado y de cualquier tipo de poder, por considerarlo opresivo para el individuo. Propugna en su lugar una sociedad autogestionaria, donde se pueda ejercer una libertad absoluta.

Nacionalismo. Ideología que exalta los caracteres propios de un colectivo nacional (lengua, cultura, religión, etnia, etc.), aspirando a su independencia (cuando éste carece de estado propio) y a su engrandecimiento.

Comunismo. Ideología que defiende la colectivización de los medios de producción y el reparto de la riqueza conforme a las necesidades de cada individuo. Inspirada en el marxismo, propugna la dictadura del proletariado y la lucha entre las clases sociales (con el fin de lograr una sociedad sin clases).

Socialismo. Movimiento político disidente del marxismo, que aboga por una cierta regulación y control de los medios de producción (no por su colectivización) y por un reparto justo de la riqueza dentro de un sistema democrático. Antiguamente se identificaba con el comunismo. En la actualidad es sinónimo de socialdemocracia.

Liberalismo. Doctrina política que exalta la libertad individual y propugna una limitada intervención del estado en los ámbitos social, económico y cultural.

Conservadurismo. Ideología que defiende la tradición y el mantenimiento sin demasiados cambios de los sistemas políticos y económicos vigentes. Suele encuadrarse en este apartado el movimiento político democristiano, inspirado en la fe y en la doctrina social de la Iglesia católica.

Fascismo. Movimiento político de carácter totalitario, militarista y fuertemente nacionalista, inspirado en los regímenes de Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania (algunos especialistas consideran al nazismo alemán como un tipo peculiar de fascismo).